Sala de Prensa

10/11/2021

El Defensor Nacional expuso hoy en la Convención Constitucional:

"Tener una Defensoría Penal Pública sin autonomía genera desconfianza en las personas que defendemos”

Ante la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, Carlos Mora Jano planteó la necesidad de que la institución cuente con autonomía constitucional, tal como el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

Acompañado por el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP), Pablo Aranda, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, expuso hoy la visión de la institución sobre el proceso constituyente en marcha ante la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional.

Mora dio cuenta de la labor que ejercen diariamente las y los defensores públicos en todo el país para garantizar el derecho a defensa y el debido proceso a toda persona que lo requiera, lo que ha permitido a la institución haber representado a más de 5 millones de personas desde el inicio de la reforma procesal penal en 2000, con un total de poco más de 359 mil personas atendidas el año pasado.

“Para quienes no nos conocen, los defensores penales públicos somos un escudo respecto de las acusaciones del Ministerio Público y respecto de los malos tratos que puedan existir en el sistema respecto del Estado”, explicó.

Según el abogado, quien asumió su cargo la semana pasada, la defensa pública es parte de un sistema tripartito -integrado también por el Poder Judicial y el Ministerio Público-, aunque la institución es la única no autónoma, pues depende administrativamente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Agregó que la Defensoría representa aproximadamente al 90 por ciento de las personas imputadas, para lo cual cuenta con distintos modelos de defensa especializada y diversos mecanismos internos y autónomos de control de calidad de las prestaciones.

A partir de ello, el directivo identificó “una deuda del Estado con la institución” y planteó la necesidad de que la defensa pública cuenta con autonomía constitucional, no sólo para equilibrar el sistema y asegurar la igualdad de armas con el Ministerio Público, porque su actual diseño de dependencia ante la autoridad política “por supuesto que afecta la influencia que pueda tener el gobierno de turno en las políticas de defensa (…) Tener una Defensoría Penal Pública sin autonomía genera desconfianza en las personas que defendemos”, aseguró.

Aunque Carlos Mora aclaró que los distintos gobiernos han respetado la independencia técnica de la defensa pública, advirtió que esa brecha puede expresarse, por ejemplo, cuando las y los defensores públicos litigan contra algún ministerio, como ocurre con Interior en los casos de querellas con calificación de delito terrorista. Añadió que esto también se da cuando la institución debe entregar su posición ante el Congreso en el debate de distintos proyectos de ley.

“Se vio, por ejemplo, en la modificación del artículo 140 sobre prisión preventiva, que creó más criterios para que una persona permanezca privada de libertad (…) Todo esto ha aumentado en demasía lo que tenemos actualmente como personas privadas de libertad (…) Necesitamos la autonomía para poder debatir con posibilidad de impactar también en la opinión pública”, dijo.

PREGUNTAS DE CONVENCIONALES
Tras una exposición de diez minutos, distintos convencionales de la comisión plantearon al Defensor Nacional preguntas específicas sobre el modelo de funcionamiento de la institución, en cuyo contexto reconocieron el “trabajo de excelencia” que la defensa pública realiza, como sostuvo el constituyente Mauricio Daza, quien reconoció que existe ‘consenso técnico respecto de la autonomía de la Defensoría Penal Pública".

En detalle, el convencional Hugo Gutiérrez consultó las razones por las que la institución no ha recibido el estatus de autonomía en estos más de 20 años de vigencia de la reforma. Daza, en tanto, preguntó por el modelo de gobierno institucional y de nombramientos que la Defensoría propone y planteó dudas respecto de mantener o no el funcionamiento del sistema mixto de defensa pública, según el cual el 70 por ciento de la cobertura depende de prestadores privados que licitan zonas de defensa, o bien que todos los prestadores sean institucionales.

Manuel Woldarsky consultó luego la visión del Defensor Nacional respecto de la idea de crear una defensoría de las víctimas, mientras que el constituyente Andrés Cruz preguntó si convendría o no que la Defensoría quede inserta en una institución mayor, que incorpore la defensa en otros ámbitos como familia, civil o laboral.

Por último, Manuela Royo consultó si es necesario o no que la autonomía en debate cautele o no individualmente a cada defensor o defensora pública, si debe existir o no una distinción de la defensa pública respecto de la defensa de las víctimas de delitos y sobre la necesidad de que exista igualdad entre todos los prestadores de defensa pública.

El Defensor Nacional comprometió una minuta detallada para contestar formalmente cada una de las preguntas y explicó que actualmente existe un proyecto de autonomía legal que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos espera presentar en los próximos meses, “aunque todos sabemos que acá es donde se debe solucionar esta situación”.

Respecto del modelo de gobierno institucional, Mora sostuvo que una vez definida la autonomía constitucional del servicio, ese tema debiera resolverse a través de una ley, aunque “la orgánica actual ha dado buenos resultados”. También se mostró de acuerdo con modificar los sistemas de nombramiento del Defensor Nacional y los directivos, “para que ojalá nunca la Defensoría caiga en ningún tipo de ideología”.

El abogado defendió, finalmente, la necesidad de una defensa penal pública autónoma y especializada, que no sea parte de una institución mayor. “Nuestra labor es especial y especializada. Nosotros defendemos derechos y principios muy complejos, como la libertad de las personas, el principio de inocencia o el plazo razonable. Sería difícil mezclar la defensa de imputados y de víctimas. Si expandimos la defensa perdemos la especialización”, aseguró.

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