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18/11/2021

Acuerdo con el municipio de esa ciudad

Defensoría Regional de Coquimbo se alió con nueva oficina de migrantes, indígenas y diversidad sexual de La Serena

Ambas partes acordaron desarrollar en conjunto charlas destinadas a funcionarios y realizar gestiones con autoridades para efectuar talleres dirigidos a la población penal.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Diversas acciones de difusión y trabajo colaborativo conjunto acordaron desarrollar los directivos de la Defensoría Regional de Coquimbo con los profesionales de la nueva 'Oficina de migrantes, diversidad sexual y pueblos originarios' de la Municipalidad de La Serena.

El acuerdo se logró durante un encuentro presencial entre la Defensora Regional, Inés Rojas; la jefa regional de Estudios, Yasna Rojas, y el director administrativo regional de la institución con la jeda de esta dependencia municipal, Pamela León.

En su exposición, Inés Rojas explicó el rol de la defensa pública, que asume la representación jurídica y la cautela de derechos de personas que mayoritariamente resultan culpables, pero también de personas inocentes que han sido injustamente imputadas por algún delito.

Agregó que debido a las transformaciones sociales ocurridas desde que la institución fue creada hace 21 años, en el marco de la reforma al sistema de justicia criminal, la Defensoría ha desarrollado modelos de defensas especializada para distintos grupos vulnerables, como adolescentes, personas con problemas de salud mental, mujeres y género, personas migrantes y etnias originarias.

“La Defensoría es también un servicio público garante de los derechos humanos y como tal se preocupó de capacitar a abogados y funcionarios en estas materias específicas para brindar una defensa de alta calidad”, indicó.

Pamela León dijo que, dado el actual contexto social, el municipio serenense decidió incorporar a la anterior oficina de atención exclusiva para personas indígenas las temáticas de diversidad sexual y migración, pues advirtieron son las áreas de mayor vulnerabilidad dentro de la población comunal.

“Nuestro fin es generar confianza con este tipo de vecinos para solicitar todo tipo de asesorías, optar a beneficios del Estado, hacer denuncias, derivar a organismos pertinentes y, ante casos judiciales, acudir a instituciones como la Defensoría para recibir orientación”, aclaró.

PROBLEMAS DE GRUPOS VULNERABLES
La Defensora Regional y la jefa de Estudios explicaron la situación de las mujeres privadas de libertad y de los internos de módulos especiales que albergan a personas migrantes de pueblos originarios, homosexuales y transgénero en la cárcel de La Serena.

Ambas directivas detallaron que las primeras tienen acceso a cursos con cupos limitados, estereotipados, destinados esencialmente a dueñas de casa y que no reciben ninguna certificación para optar a oportunidades laborales tras cumplir sus sentencias.

Agregaron que los internos en módulos de diversidad sexual, en tanto, no tienen acceso a talleres ni pueden asistir a la escuela, porque no pueden juntarse con el resto de la población penal e históricamente han sido víctimas de vulneraciones y malos tratos por una parte de los funcionarios de Gendarmería.

Finalmente, ilustraron que buena parte de los internos migrantes son de nacionalidad boliviana o peruana, pero de etnia quechua, por lo que no hablan español y son muy deprivados socioculturalmente. La gran mayoría han sido imputados o condenados por tráfico de drogas.

CHARLAS Y TALLERES
Tras las exposiciones se acordó que la Defensora Regional se reunirá con autoridades de Gendarmería y de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos para gestionar el acceso de profesionales de la oficina municipal a los módulos especiales y de mujeres del penal serenense. La idea es que ellos puedan conocer sus necesidades y luego puedan proponer y desarrollar talleres en diversas materias. Además, se convino que la Defensoría Regional realizará charlas a funcionarios municipales sobre migración y derechos humanos.

La oficina consistorial, en tanto, se comprometió a brindar a defensores públicos y funcionarios una charla sobre el Convenio 169, un curso de lengua quechua y apoyar la búsqueda de traductores de lenguas originarias para que puedan inscribirse como peritos de la defensa pública.

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