Sala de Prensa

21/12/2021

El encuentro fue organizado por la Defensoría Regional del Maule y tres escuelas de derecho

Defensor Nacional inauguró conversatorio sobre los desafíos del debido proceso en la nueva Constitución

Carlos Mora destacó el foro como “una oportunidad para allegar a la Convención Constitucional los conceptos técnicos que recojan los principios que la Defensoría ha priorizado desde su creación como ejes del servicio: el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas”.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, inauguró esta tarde el conversatorio “Desafíos del debido proceso en la nueva Constitución, miradas desde la región del Maule”, que organizaron en conjunto esa Defensoría Regional y las escuelas de derecho de las Universidades Santo Tomás, Autónoma de Chile y Católica del Maule, respectivamente.

A través de ponencias de tres profesores expertos y del Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, el encuentro buscó identificar los principales desafíos que enfrenta el derecho al debido proceso en el marco de la elaboración de una nueva Constitución para Chile.

Por lo mismo, al inicio del encuentro saludó a los participantes la convencional constituyente Patricia Labra Besserer, representante del distrito 18 (Linares y Cauquenes), quien integra la Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional.

La representante zonal agradeció la invitación a reflexionar sobre el trabajo de la convención, entre cuyos temas principales mencionó que “ya se está hablando, por ejemplo, de una autonomía constitucional de la Defensoría Penal Pública, sin dejar de lado la importancia del debido proceso”.

Labra valoró también el trabajo que realizan las universidades de la zona y el hecho de que reflexiones como estas surjan de la propia región maulina. “Tenemos que tomar la experiencia y las opiniones de las organizaciones involucradas, los poderes del Estado, las instituciones y la ciudadanía”, señaló.

DEBIDO PROCESO Y NUEVA CONSTITUCIÓN
Junto con celebrar la realización de este conversatorio, el Defensor Nacional reflexionó sobre lo que significa hoy el concepto de debido proceso, en medio de un sistema de justicia presionado para rediseñarse a partir de las necesidades sociales y sanitarias que han surgido en los últimos dos años.

“Ello exige tomar conciencia de los valores que subyacen a cualquier reestructuración institucional o procedimental, preservando los derechos y garantías fundamentales de las personas”, señaló.

Según el jefe nacional de la defensa pública, el sistema de justicia enfrenta dos escenarios en curso, el primero motivado por los cambios sociales y el segundo por la pandemia de Covid-19: “Estamos en medio de un proceso histórico y refundacional de la institucionalidad y, en segundo lugar, la necesidad de asegurar la continuidad del sistema de justicia, donde se han incorporado importantes cambios normativos en el diseño tradicional de los procedimientos, incorporando tecnologías y la tele-justicia”.

Respecto de lo primero, Carlos Mora consideró al conversatorio como “una oportunidad para allegar a la convención los conceptos técnicos que recojan los principios que la Defensoría ha priorizado desde su creación como ejes del servicio: el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas”.

GRUPOS VULNERABLES Y ESPECIALIZACIÓN
En la misma línea, sostuvo que la realidad de los grupos vulnerables y la necesidad de especialización de la defensa pública son conceptos que la institución ha promovido desde hace tiempo, precisamente por acompañar a las personas que representa y ser testigo directo de sus dificultades y obstáculos en el acceso a la justicia.

“Promover la especialización dentro del sistema de justicia no es sólo sinónimo de mayor igualdad en el respeto a los derechos y mayor calidad de las decisiones al servicio de la justicia, sino de mayor respeto por la dignidad de las personas sólo por el hecho de ser personas”.

Según el abogado, el respeto real de los derechos fundamentales sólo se logra bajo condiciones de igualdad de armas del ciudadano frente al sistema de justicia. Es decir, “con la efectiva posibilidad de ejercer sus derechos en un procedimiento público, transparente, bilateral y contradictorio. Y a falta de asistencia de un abogado privado, con la efectiva posibilidad de ser asesorado por una defensa letrada independiente, con recursos mínimos para actuar eficientemente y enfrentar los recursos de la parte contraria”.

A partir de lo mismo, explicó que la autonomía institucional de la Defensoría para garantizar la defensa objetiva de los derechos de los ciudadanos no sólo es una deuda de origen del nuevo sistema de justicia penal, sino una condición que legitima y otorga mayor validez al propio sistema: “Si una Constitución regula y limita el poder del propio Estado frente a sus ciudadanos, estos aspectos sin duda son parte esencial de esos límites”, señaló.

IMPACTO DE LA TELE-JUSTICIA
Mora comentó también el impacto de la reciente puesta en vigencia de la Ley N° 21.394, dictada el pasado 30 de noviembre y que, entre otras modificaciones para enfrentar la recarga del servicio de justicia por la pandemia, “incorporó como norma permanente del Código Orgánico de Tribunales la llamada tele-justicia, es decir la posibilidad de audiencias de trámite y de juicio en modalidad remota semipresencial.

“Hoy día cotidianamente se tramita, litiga y juzga por Zoom, con todas las virtudes que ello pudiera tener, pero también con todas las dificultades y tensiones interinstitucionales que esta modalidad ha significado e impactado en el trabajo de los operadores (…) No es lo mismo juzgar a las personas a través de un monitor que sentado frente a los intervinientes en el estrado de un tribunal”, indicó.

El Defensor Nacional agregó que el impacto operativo de lo anterior en todas las garantías y derechos que conforman el debido proceso es evidente y aún no ha sido suficientemente reflexionado ni evaluado, por lo que “pensar la adopción de medidas y nuevas formas de funcionar en este nuevo ambiente virtual diverso al presencial, que permitan conciliar las nuevas tecnologías con el debido proceso de las personas, son los desafíos de la academia y los operadores”.

Al concluir sus palabras, Carlos Mora dijo esperar que de las reflexiones y conclusiones del conversatorio surjan ideas, propuestas o fórmulas para llevar a la Convención Constitucional y que sean un aporte para el nuevo diseño institucional del sistema de justicia. Espero que se reconozca al debido proceso y a la defensa de las personas como un elemento base de la institucionalidad democrática en la nueva Constitución, sin la cual no puede haber progreso, desarrollo ni paz social en nuestro país”, concluyó.

PONENCIAS Y DIÁLOGO
Tras las palabras del Defensor Nacional y el saludo del Defensor Regional del Maule, se desarrollaron cuatro ponencias. La primera estuvo a cargo del profesor y doctorando de derecho Rodrigo Medina Jara, de la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sede Talca.

Más tarde expuso su presentación Roberto Navarro Dolmestch, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, y luego hizo lo propio el profesor Emmanuel Bernales Basáez, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Maule.

La cuarta exposición estuvo a cargo del Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, tras lo cual el conversatorio concluyó con un espacio de diálogo y consulta con el público participante, que fue moderado por el jefe de Estudios de la Defensoría Regional, Rodrigo Flores.

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