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Defensoría y Consejo de la Sociedad Civil inician el proceso de cuenta pública participativa

04/03/2022

Consejeros eligieron a la destacada penalista Myrna Villegas -de CidSur- como su nueva presidenta

Defensoría y Consejo de la Sociedad Civil inician el proceso de cuenta pública participativa

En la primera sesión del año, los miembros del organismo analizaron los lineamientos que la Defensoría abordará en su balance de gestión para 2021.

En su primera sesión de 2022, el Consejo de la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública revisó ayer las principales líneas de trabajo que desarrolló la institución en el último período y que serán presentadas en la próxima entrega del balance de gestión anual, previsto para fines de abril. Con este hito se dio inicio al proceso participativo de la cuenta pública institucional.

El encuentro, encabezado por el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, convocó a la totalidad de los representantes de las instituciones que integran el consejo: Paulo Egenau, del Hogar de Cristo; Ulda Figueroa, de la Fundación Paz Ciudadana; Myrna Villegas, de CidSur; Ignacio Cubillos, de LeaSur; Consuelo Acuña, del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y Jorge Rivera Cayupi, docente de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la misma casa de estudios.

El grupo eligió a la abogada Myrna Villegas como nueva presidenta del consejo, en reemplazo de Paulo Egenau, quien completó su periodo a cargo de la instancia.

CRUCES ESTADÍSTICOS
Entre los temas abordados y que despertaron el interés de los consejeros estuvo el uso excesivo de la medida cautelar de prisión preventiva en Chile. Al respecto, solicitaron que, en su balance anual, la Defensoría entregue la mayor cantidad de cruces estadísticos posibles respecto de su uso: género, edad, período de aplicación y, especialmente, el número de personas que permanecieron más de dos años privadas de libertad o que cumplieron un período de encierro mayor a lo establecido finalmente en sus respectivas condenas.

En cuanto a la cobertura de defensa pública, los consejeros analizaron los programas que han ido ampliando el alcance de distintos modelos de defensa especializada. Desde la defensa en comisarías -con su programa piloto vigente en seis regiones del país-, hasta el modelo de defensa penitenciaria universal desarrollado desde el año pasado.

Myrna Villegas consultó sobre la organización institucional para esta cobertura en comisarías y su proyección.

“Las regiones piloto se han organizado sobre la base de un sistema de turnos de defensores. El trabajo ha podido ser más expedito porque se ha generó un convenio con Carabineros. Este proyecto nació a raíz de las recomendaciones presentadas por organismos internacionales de derechos humanos tras el estallido social. Nosotros queremos responder a esas recomendaciones y lo haremos con esfuerzos propios, porque no se nos ha dado presupuesto para ello”, informó el Defensor Nacional.

Los consejeros destacaron que la Defensoría ha sido una de las pocas instituciones públicas que ha logrado progresar en el tiempo, optimizando la cobertura, los sistemas de control y la especialización de sus prestaciones.

“Me gustaría que los grandes avances que han logrado y, que quedaron a firme con lo que hicieron en responsabilidad penal adolescente, siguieran creciendo para llegar incluso más allá de la especialización jurídica. Desde una mirada preventiva, desde las historias que ustedes conocen y que pueden aportar, desde lo que se prometió con la Ley N° 20.084 de responsabilidad penal adolescente (LRPA) y no se cumplió”, señaló Paulo Egenau.

DEFENSAS ESPECIALIZADAS
La presentación expuesta en el encuentro estuvo a cargo de la abogada Sandra Haro, del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP), y permitió sistematizar el trabajo realizado por la institución, con especial mención al estado de avance que han experimentado las distintas defensas especializadas para mujeres, personas migrantes, niños, niñas y adolescentes, inimputables por enajenación mental y personas de etnias originarias, entre otras.

Cabe señalar que, desde su creación en 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2021, la Defensoría Penal Pública ha prestado servicio de defensa a más de 5 millones 400 mil personas imputadas.

Durante 2021, en particular, la institución atendió a 312 mil 125 personas, con una disminución de casi 13 por ciento respecto de los ingresos del año anterior. De ese total, el 17,8 por ciento correspondió a mujeres, el 5,5 por ciento a personas extranjeras, el 3,4 por ciento a personas de etnias originarias y el 3,3 por ciento a menores de edad.

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