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“Debemos considerar los derechos específicos de las mujeres y mostrar la desigualdad, discriminación y violencia que sufren en el sistema penal y penitenciario”

01/04/2022

Defensor Nacional ante la OEA:

“Debemos considerar los derechos específicos de las mujeres y mostrar la desigualdad, discriminación y violencia que sufren en el sistema penal y penitenciario”

Carlos Mora Jano expuso este jueves ante la Organización de Estados Americanos, en el marco de la décima sesión extraordinaria sobre la defensa pública oficial autónoma como garantía de acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad. “Debemos dejar de analizar las políticas de persecución como si fuesen neutras, porque esa supuesta neutralidad es falsa y genera efectos diferenciados, dependiendo del sexo de las personas imputadas”, dijo.

Por Andrea González Schmessane,
jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana,
Defensoría Nacional.

Una dura crítica al sistema penitenciario a nivel regional y un llamado a redefinirlo con políticas de género hizo este jueves el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, al exponer ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la décima sesión extraordinaria sobre la defensa pública oficial autónoma como garantía de acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad.

“No hay duda de que las personas privadas de libertad provienen de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Dentro de este grupo, podemos distinguir otros que, por sí, ya constituyen grupos vulnerables y que acrecientan la necesidad de hacernos cargo de las precarias condiciones de habitabilidad de las cárceles de nuestra región, el hacinamiento, la vulneración grave y sistemática de derechos humanos al interior de las mismas y el olvido del sistema penitenciario en el diseño de políticas públicas”, dijo en su intervención.

Mora Jano recalcó que “uno de estos grupos es el de mujeres privadas de libertad” y luego explicó que “las mujeres están sobrerrepresentadas en el delito de microtráfico y su participación en los delitos de porte y consumo es inferior a la de los hombres”.

Según el jefe nacional de la defensa pública, agregó que “a pesar de cometer delitos de menor penalidad, las mujeres son condenadas a más días de privación de libertad y a multas más altas”.

Advirtió, asimismo, que “las grandes mafias de narcotráfico están abusando de estas mujeres para el traslado internacional de drogas las que, en muchos casos, reportan violencia extrema y extorsiones, lo que las transforma más bien en víctimas de trata o tráfico de personas”.

URGENCIA DE ANÁLISIS DE GÉNERO
Según Mora Jano, “en todo ello hay un análisis de género, que resulta imprescindible para determinar las políticas de persecución penal. Esto es una tarea urgente pero aún pendiente en nuestros estados y en la que, como Defensorías Públicas, podemos colaborar levantándola como una cuestión de preocupación. Debemos dejar de analizar las políticas de persecución como si fuesen neutras, porque esa supuesta neutralidad es falsa: genera efectos diferenciados, dependiendo del sexo de las personas imputadas”, insistió categórico.

El Defensor Nacional detalló que cerca del 90 por ciento las mujeres encarceladas en la región tienen hijos menores de edad, son cabeza de familias monoparentales, financieramente responsables de sus familias, han sido víctimas de violencia doméstica, provienen de hogares con altos niveles de marginación socioeconómica y sufren de un alto grado de abandono de sus redes de apoyo cuando están en prisión.

“Usualmente no representan riesgo para la sociedad, se inician tardíamente en el delito, son menos violentas y reinciden menos que los hombres”, explicó, para mencionar luego que el sistema jurídico penitenciario no tiene enfoque de género, puesto que “la investigación criminológica indica que la administración penitenciaria visualiza en las mujeres un menor potencial de reinserción y, por ello, menos acceso a beneficios y especialmente a la libertad condicional y rebaja de condena”.

Por último, sostuvo que las reglas jurídicas aplicables y los servicios que ofrecen las administraciones penitenciarias tampoco están pensados desde una óptica de igualdad y necesidades específicas de las mujeres.

“Por todo lo anterior, como equipos de defensa debemos considerar los derechos específicos de las mujeres y mostrar la desigualdad, discriminación y violencia que sufren en el sistema penal y penitenciario”, concluyó.

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