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Documentada cuenta de gestión de 2021 entregó la Defensoría Regional de Tarapacá

28/06/2022

Durante el año pasado atendió casi 11 mil causas y el principal delito registrado fue la infracción de normas sanitarias

Documentada cuenta de gestión de 2021 entregó la Defensoría Regional de Tarapacá

Informe del Defensor Regional, Gabriel Carrión, fue transmitido a través del canal institucional en YouTube y otras redes sociales.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

Con un documentado mensaje, el Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, entregó su cuenta pública sobre la gestión institucional del año recién pasado en esta zona del país, contexto en que destacó la disminución en los ingresos totales, la habilitación de las nuevas oficinas institucionales en Alto Hospicio y el continuo perfeccionamiento de los equipos jurídicos en la atención de públicos específicos como personas indígenas, migrantes y condenadas privadas de libertad, entre otras.

Para Carrión ésta fue la tercera cuenta de su periodo, luego de asumir el cargo en febrero de 2019. En esta oportunidad el rito se cumplió a través de una transmisión realizada por el canal de la Defensoría en YouTube, la que fue seguida en todas las oficinas regionales de la institución, como también a lo largo del país.

Además, se invitó a la reseña a las principales autoridades regionales, especialmente las del sector justicia y otras relacionadas con los temas penales.

TOTAL DE CASOS
En relación con las cifras de su gestión, el Defensor Regional detalló que el número de casos atendidos por la institución cayó desde 17 mil 528 casos en 2020 a 10 mil 808 en 2021, dato del cual se desprende que las infracciones a las normas sanitarias siguen siendo las ilegalidades más recurrentes. Según lo informado, éstas sumaron el 38 por ciento de todos los delitos registrados.

De acuerdo con los gráficos mostrados en la transmisión virtual, los delitos de lesiones y de la Ley de Tránsito siguieron en el orden de recurrencia, con 12 y 11 por ciento respectivamente. Debe notarse, en todo caso, que estos tres tipos de ilegalidades sumaron el 61 por ciento de todos los casos gestionados, seguidos de muy lejos por los delitos de mayor connotación social como los de drogas, abusos sexuales, robos u homicidios.

Estas cuatro clases de graves conductas sumaron menos del 11 por ciento del total, dentro de lo cual el tráfico ilícito de drogas abarcó el 6 por ciento de ellas, mientras que los homicidios sumaron el 0,4 por ciento del total, con 56 casos.

“Es importante clarificar que estas cifras se refieren a los casos que atiende la Defensoría, que no constituyen el total regional, puesto que también hay imputados que son representados por abogados particulares. Tales expedientes no llegan a nuestros registros”, aclaró Gabriel Carrión.

PRESENCIA EN ALTO HOSPICIO
Uno de los motivos de orgullo destacados por el Defensor Regional es el nuevo y primer edificio que la institución levantó en la ciudad de Alto Hospicio, en la misma zona donde están los tribunales de justicia en esa localidad.

“Allí ya funciona un conjunto de oficinas en casi 200 metros de construcción, con un diseño moderno, amigable con el entorno, que incluso cuenta con paneles solares, jardines con riego tecnificado y sistemas de seguridad discretos y confiables”, especificó el directivo.

Tales instalaciones operan desde enero pasado y han contribuido a enriquecer el entorno de ese sector residencial, el cual complementa el equipamiento comunitario ubicado en el mismo barrio, con dos sedes vecinales, otra para la tercera edad y una multicancha.

“Tal edificio nos permite contribuir positivamente a ese entorno comunitario y también disponer de ambientes cómodos, seguros y muy agradables para atender a nuestros usuarios y a toda la comunidad”, destacó Gabriel Carrión.

PERFECCIONAMIENTO
El abogado también valoró el creciente perfeccionamiento que siguen sus equipos de defensa, los que incluyen a abogados, trabajadores sociales, asistentes administrativas y otros profesionales.

“Desde 2020 tenemos una oficina de defensa especializada indígena, con juristas especializados y facilitadoras interculturales, lo que nos permite entregar una atención de alta calidad a las personas pertenecientes a pueblos originarios”, precisó.

La cuenta de gestión del Defensor Regional también detalló la profundización del servicio de defensa penitenciaria, que en su primera versión se inició en 2014 y que el año pasado se amplió a la defensa penitenciaria universal, que significa la atención de todo el universo de personas que cumplen penas de privación de libertad en los establecimientos de Gendarmería.

La tercera línea mencionada es la dirigida a las personas migrantes, ámbito en que funciona un programa piloto con profesionales especializados en ese grupo humano.

AUTONOMÍA
En su discurso, Gabriel Carrión también se refirió a la autonomía que debería tener la Defensoría Penal Pública, materia que fue parte de una iniciativa enviada al Congreso y que ahora forma parte de los contenidos en el texto de nueva Constitución que se está terminando de elaborar.

“Tal autonomía es una atribución necesaria para que, en el ámbito de la aplicación de justicia, haya lo que se llama 'igualdad de armas', remarcó.

PRISION PREVENTIVA
En referencia a las prisiones preventivas, el jefe regional de la defensa pública reseñó que el año pasado se decretaron mil 210 de estas medidas cautelares, tras lo cual afirmó que hay “un uso excesivo de esta medida cautelar”.

“Se ha convertido, en el hecho, en un cumplimiento anticipado de una pena que no ha sido impuesta por un tribunal”, indicó Carrión, quien destacó que, en el mismo periodo anual, 72 de las personas privadas de libertad finalmente resultaron inocentes".

El abogado también agradeció a las diversas autoridades e instituciones con las que se relaciona la Defensoría, desde el delegado presidencial, los parlamentarios, los convencionales constituyentes, al Poder Judicial, los altos mandos de Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Ejército y Gendarmería, como también los demás servicios que coordina la seremi de Justicia, Camila Castillo.

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