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05/07/2022

Carlos Mora Jano recibió propuesta de nueva Constitución aprobada por la Convención Constitucional:

Defensor Nacional: “Estamos frente un hito histórico, en el cual la Defensoría tiene uno de los roles protagónicos”

El directivo asistió a la ceremonia de entrega del borrador de la nueva Carta Magna, texto en el cual se modifica la naturaleza jurídica de la institución.

Por Andrea González S.,
Defensoría Nacional.

El lunes 4 de julio, la Convención Constitucional entregó oficialmente el texto propuesto para una nueva Carta Magna, el que tendrá que ser votado por la ciudadanía en un plebiscito de salida que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre.

En representación de la Defensoría Penal Pública, el borrador definitivo fue recibido por el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, quien fue invitado a la ceremonia de entrega, realizada en la sede del Congreso en Santiago y en la cual participaron el Presidente de la República, Gabriel Boric, y diversas autoridades.

“Estamos frente a un hito histórico, en el cual la Defensoría Penal Pública tiene uno de los roles protagónicos, porque se modifica su naturaleza jurídica, pasando de ser una institución dependiente del Ejecutivo a la autonomía constitucional”, dijo comentó Mora Jano.

PROPUESTAS PARA LA DEFENSORÍA
respecto de la Defensoría Penal Pública, la propuesta entregada por la Convención Constitucional establece que será “un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya función es proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de crimen, simple delito o faltas, que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada”.

Asimismo, establece que “podrá, en las causas en que intervenga, concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos” y que la ley determinará la organización y atribuciones de la institución, "debiendo garantizar su independencia externa”.

La propuesta también termina con el sistema mixto de defensa pública y plantea que “la función de defensa penal pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos”. Además, ordena que “los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que se pueda realizar en los casos y forma que establezca la ley”.

Por último, establece que “la dirección superior de la Defensoría Penal Pública será ejercida por la defensora o el defensor nacional, quien durará seis años en su cargo, sin reelección”, y cuyo nombramiento ocurrirá “en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, a partir de una terna propuesta por la Presidenta o el Presidente de la República, conforme al procedimiento y los requisitos que determine la ley”.

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