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15/07/2022
Representantes de ambas instituciones suscribieron convenio de colaboración
Defensoría Penal Pública y Fundación Daya potenciarán la defensa penal de pacientes judicializados por uso medicinal de cannabis
El jefe del servicio, Carlos Mora Jano, destacó que el acuerdo busca, entre otras cosas, “asegurar y agilizar la entrega de información de importancia a los defensores penales públicos respecto de personas detenidas e imputadas, lo que permitirá un ejercicio más eficaz y oportuno del derecho a la defensa cuando éste sea requerido”.
Por Andrea González S.,
Defensoría Nacional.
Este jueves 14 la Defensoría Penal Pública, representada por el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, y la Fundación Daya, encabezada por su director, Nicolás Dormal, suscribieron un convenio de colaboración que busca potenciar la defensa penal de personas usuarias de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos o medicinales.
Según explicó el jefe nacional de la defensa pública, el acuerdo “viene a institucionalizar y potenciar el trabajo en la prestación de defensa penal a personas usuarias de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos o medicinales que, en dicho contexto, sean imputadas por alguno de los delitos previstos en la Ley 20.000”.
Mora Jano agregó que la iniciativa también busca “asegurar y agilizar la entrega de información de importancia a los defensores penales públicos respecto de personas detenidas e imputadas, lo que permitirá un ejercicio más eficaz y oportuno del derecho a la defensa cuando éste sea requerido”.
Según el directivo, el convenio también permitirá generar instancias para el intercambio de experiencias e información técnica que pueda servir de apoyo y complemento para el adecuado ejercicio de la defensa penal pública ante los tribunales de justicia, además de compartir información relevante para el cumplimiento oportuno y efectivo de los fines de cada institución.
Nicolás Dormal, cofundador de la fundación y miembro de su directorio, destacó que el acuerdo consolidará “un trabajo colaborativo que venimos realizando hace más de tres años con la Defensoría Penal Pública y que ha traído importantes resultados de absolución para las y los usuarios de cannabis con fines medicinales, que han sufrido el trauma de injustos y violentos allanamientos, a lo que se han sumado largos procesos judiciales con resultados absolutorios e incluso condenas en costas a la Fiscalía (…) Hoy sólo continuamos este camino que, esperamos, sea por poco tiempo más y se termine esta absurda persecución”, agregó.
EL CONVENIO
El acuerdo firmado entre ambas instituciones contempla, entre otras cosas, la colaboración recíproca en áreas de común interés y el intercambio de información orientado a los fines de cada institución, además de potenciar el trabajo conjunto en materia de prestación de defensa a personas usuarias de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos o medicinales y que, en dicho contexto, sean imputadas por alguno de los delitos previstos en la Ley 20.000, asegurando para ello la fluida información o las coordinaciones necesarias, conforme la normativa y legalidad vigente, cuando el servicio de defensa pública sea requerido.
Dentro de las iniciativas que podrán impulsar las partes se contempla la realización de acciones cooperativas destinadas a generar y compartir información previamente validada por los estamentos internos competentes de cada institución; otorgar facilidades para el intercambio de material bibliográfico, información científica, generación de informes médicos o peritajes para apoyar y complementar el ejercicio de la defensa penal pública; la transmisión de experiencias, conocimiento e información relevante para el cumplimiento oportuno y efectivo de los fines de cada institución y el apoyo recíproco en actividades de promoción, respeto y protección de los derechos humanos.
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