Sala de Prensa

16/08/2022

Columna de opinión:

Una Defensoría Penal Pública abierta a la comunidad

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el diario Atacama.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Una vez más hemos efectuado una cuenta pública de cara a la comunidad, a nuestra región de Atacama, sobre el funcionamiento, la gestión y los principales hitos y desafíos de la Defensoría Penal Pública en 2021, en una sesión que tiene la relevancia justamente de rendir cuenta anual de forma pormenorizada y transparente a la población, de manera que ésta ejerza debidamente un control de las actividades y gastos desplegados por nuestra institución, además de informarse del desempeño de un servicio público que es fundamental para el estado de derecho y el acceso a la justicia.

Así, expusimos que, en 2021, defendimos siete mil 702 causas en la región, total del cual el 18,2 por ciento correspondió a mujeres, el 4,1 por ciento a adolescentes, el 0,4 por ciento a personas de pueblos originarios y el 5,5 por ciento a personas extranjeras.

También referimos que, en cuanto a los delitos ingresados, siguen encabezando la lista los delitos contra la salud pública como un rezago de la persecución penal de los ilícitos vinculados con la pandemia, los que representaron el 22,4 por ciento del total. Luego siguen las lesiones, con el 18,8 por ciento; los delitos contra la libertad e intimidad de las personas, con 13,9 por ciento, y los delitos de le ley de tránsito, con 10,9 por ciento.

Respecto del uso intensivo de la prisión preventiva que hemos observado y cuestionado en los últimos años, existió en 2021 una disminución regional, con un 7,5 por ciento, es decir un punto menos que en 2020, lo cual es una buena noticia respecto del uso de esta medida cautelar que envuelve, en su gran mayoría, una anticipación de la pena.

Sin embargo, el uso de la prisión preventiva es problemático, además, porque muchas veces su aplicación no se traduce en personas posteriormente condenadas. Más grave aún, si quienes fueron afectados en su derecho fundamental a la libertad no son responsables o son inocentes y así, durante 2021, mil 261 personas imputadas terminaron su causa manteniendo su estado de inocencia o no condenadas.

Dimos cuenta, además, de nuestras líneas de defensa especializada en migrantes, pueblos originarios, defensa penitenciaria, perspectiva de género, disidencias sexuales, salud mental y adolescentes, entre otras, lo que nos permite dar un servicio de defensa con enfoque en los derechos humanos y diferenciado conforme a las particularidades de cada colectivo que está en situación de mayor vulnerabilidad social y discriminación. 

Siempre ha sido uno de los ejes centrales de nuestra gestión institucional abrirnos transparentemente a la ciudadanía, relacionándonos con los demás actores sociales, agregando valor público regional y así, durante 2021 hemos llevado a cabo reuniones, charlas, capacitaciones y hemos suscrito convenios de cooperación con la Universidad de Atacama, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la Corporación de Asistencia Judicial, el Prodemu, la Conadi, Carabineros y Gendarmería, entre otros.

En 2021 por primera vez surgieron dos oportunidades para lograr el histórico anhelo institucional: nuestra autonomía. Esperamos que se concrete. Una defensa penal pública fuerte y autónoma es fundamental para el equilibrio del sistema y para darle mayor resonancia a nuestra voz en el debate público, subrayando la igualdad de los intervinientes y robusteciendo el derecho a defensa de todas y todos.

Lee artículo publicado en: https://enestrado.com/una-defensoria-penal-abierta-a-la-comunidad-por-raul-palma-olivares/

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