Sala de Prensa

20/12/2022

A 19 años del inicio de la reforma procesal penal en la región

Defensor Regional de Valparaíso repasó principales hitos de gestión que potencian la calidad de la defensa

Claudio Pérez García destacó que “el trabajo apunta a brindar un servicio de excelencia con sello en la atención de usuarios”.

Por Sandra Reyes L.,
Defensoría Regional Valparaíso.

En una ceremonia realizada en el muelle Barón y presidida por las máximas autoridades del país, a las 11 horas del 16 de diciembre de 2003 comenzó la puesta en marcha de la reforma procesal penal en la región de Valparaíso.

A esa hora, el entonces defensor local jefe de Viña del Mar, Claudio Pérez García, tomaba la primera audiencia de control de detención y formalización en el tribunal de garantía de la ciudad jardín, ante la expectación de los medios de comunicación.

De este cambio histórico en el sistema de administración de justicia conversamos con él, ahora en su rol como Defensor Regional: “Recordamos y agradecemos a todos los que gestaron este importante avance en materia de derechos fundamentales, que nos permitió pasar de un sistema inquisitivo a uno acusatorio de corte adversarial, acorde a los principios de un estado democrático de derecho”, destaca.

EQUIPO UNITARIO
-¿Cuáles son las características de la defensa pública en la región?
-Desde un principio nos constituimos como un equipo de defensores penales públicos, sin tener en consideración si se trataba de defensores institucionales, licitados o por convenio, con igual acceso a capacitaciones, clínicas jurídicas y apoyo recíproco de coberturas en audiencias, aspectos que nos dieron un sentido de unidad dirigido a otorgar una prestación de calidad a nuestras y nuestros representados.
También iniciamos el desarrollo de áreas especializadas que luego fueron recogidas a nivel nacional, como la defensa de personas inimputables y el trabajo pionero en materia penitenciaria.
Desde un punto de vista estrictamente técnico, nuestro desempeño en juicios orales también se ha constituido en una expresión concreta de la calidad de los defensores públicos con que contamos, obteniendo cifras promedio por sobre el 14 por ciento de absolución considerando todas las formas de término, la cifra más alta comparando las demás regiones del país.
La matriz para analizar los distintos aspectos que constituyen los avances alcanzados en estos años son los lineamientos estratégicos definidos a nivel nacional por nuestra institución, en el marco de un sistema integral de calidad en el que se complementan aspectos referidos a la prestación de defensa técnica, la gestión administrativa y la satisfacción de nuestros usuarios con la atención que les otorgamos.

-¿Cuál es la evolución histórica de ingresos de causas en la zona?
-En relación con los ingresos, destaco que sumamos en torno al 10,5 por ciento del total país, ocupando el tercer lugar de las regiones.

-¿Qué desafíos ha presentado el retorno al trabajo presencial ?
-Una vez terminado el estado de excepción constitucional, desarrollamos el retorno gradual y seguro a las actividades presenciales en tribunales y oficinas, lo que involucra adoptar todas las medidas que permitan desarrollar nuestro trabajo con pleno resguardo de la salud de nuestros funcionarios y equipos de apoyo, teniendo como marco el 'Plan de resguardo institucional' de la Defensoría.
Por otra parte, el período de trabajo en pandemia nos ha permitido también visualizar nuevas oportunidades de mejora, particularmente en aquellas áreas en las que es posible evaluar la incorporación de manera más permanente del trabajo a distancia, además del uso de dispositivos tecnológicos que apoyen la gestión de causas y la prestación de defensa que otorgamos.

DEFENSA DE PERSONAS INIMPUTABLES
Al hacer un balance de gestión, el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Valparaíso, Fernando Alliende Crichton, destaca un hito que comenzó en 2014: “Iniciamos un trabajo interdisciplinario en materia de defensa de personas con discapacidad mental, lo que ha permitido desarrollar un modelo de gestión especializado con personas imputadas con problemas de salud mental”.

El abogado sostuvo también que “entre las acciones adoptadas se cuentan reuniones interdisciplinarias de la Defensoría con psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y abogados del Hospital "Phillipe Pinel" de Putaendo, en las que se revisa caso a caso la situación de todas las personas imputadas internadas, en el marco del convenio suscrito con ese hospital”.

En esta misma línea, Alliende Crichton destacó que “a partir de 2017 también se realizaron encuentros mensuales interdisciplinarios con los profesionales de la Unidad Psiquiátrica Forense Transitoria (UPFT), dispositivo del Hospital del Salvador ubicado en el módulo 117 del Complejo Penitenciario de Valparaíso”. 

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