Sala de Prensa

15/03/2023

Sergio Zenteno, Defensor Regional de Arica y Parinacota:

“Esperamos que la modalidad judicial híbrida termine lo más pronto posible”

En entrevista con radio “Cappíssima”, el abogado desmintió percepciones erradas sobre delincuencia, relevó la importancia de la especialización para representar a personas indígenas, migrantes o adolescentes, y entregó cifras sobre los principales delitos registrados en la zona.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

Entrevistado por el periodista José Toribio Vergara, conductor del programa “Ojo de águila” de radio “Cappíssima”, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno, explicó las principales características del trabajo institucional, se refirió a los principales delitos registrados en esa parte del país y abogó por el pronto retorno del sistema de enjuiciamiento penal a la presencialidad, porque “la justicia presencial termina legitimando mejor cualquier tipo de sanción que pueda recibir una persona”, aseguró.

-Es habitual que el Ministerio Público privilegie la cobertura periodística y la Defensoría siempre está en un segundo grado de importancia, aunque tiene mucha trascendencia defender los derechos del ciudadano o ciudadana…
-Así es… Probablemente con un poco menos de presencia comunicacional, pero no con menos presencia en la comunidad, porque nosotros tenemos un contacto directo con ella y estamos haciendo un trabajo importante de difusión del trabajo que hace la Defensoría Penal Pública. Queremos que las personas de nuestra región conozcan el trabajo de la Defensoría y sepan que estamos abocados a la defensa de toda persona, sin ningún tipo de discriminación, cuando son perseguidas penalmente, situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros.
El día menos pensado podemos ser objeto de persecución penal y la idea es que, cuando ello suceda, las personas tengan acceso a una defensa de calidad, con abogados especializados y capacitados en materia penal y en atención de público, lo que nos permite presentar sus casos y versiones frente a un tribunal, para que este tercero imparcial, que es el juez, pueda resolver el camino que esto debe seguir.
Es el justo equilibrio que debe existir en el proceso penal. Por un lado el fiscal, por otro la defensa y el tercero que resuelve las controversias jurídico-penales.

PRISIÓN PREVENTIVA
-Usted recientemente efectuó una cuenta pública y hay muchos datos que llaman la atención y que es importante que la opinión pública conozca… Por ejemplo, que una de cada tres personas imputadas por un delito fue, finalmente, declarada inocente… La Defensoría Regional tuvo una importante tarea que cumplir y lo logró…
-Sí… La cuenta pública de 2022 nos permitió revisar las cifras de 2021… Ese dato es de esa época y son cifras importantes, pero creo relevante que la comunidad sepa que muchas personas que son objeto de persecución penal finalmente terminan siendo absueltas y eso se agrava aún más cuando durante todo el periodo en que esa causa se estuvo investigando, muchas de esas personas estuvieron en prisión preventiva.
Eso nos debe llevar a todos -tanto a los que estamos involucrados directamente en el sistema de enjuiciamiento penal (fiscales, jueces, defensores), como también a toda la comunidad, a reflexionar sobre el uso de esta medida extrema, que busca asegurar que la persona esté vinculada al proceso, no termine constituyendo una aplicación anticipada de pena.
Nos parece relevante que eso no suceda, principalmente para poder generar, en la comunidad, la idea de que el uso de la prisión preventiva siempre tiene que ser el último recurso que se utilice dentro del proceso penal.

-Usted emitió una declaración muy interesante, sobre “reiterar la preocupación de la Defensoría Regional respecto del equivocado uso de la prisión preventiva como pena anticipada”…
-Es lo que le comentaba. Muchas veces se aplica esta medida cautelar cuando estamos esperando el proceso y a veces los tiempos exceden a las penas o, peor aún, las personas terminan con una pena alternativa, es decir firmando o sujetas al control de Gendarmería en libertad, pero durante todo el proceso estuvieron privadas de libertad en un recinto carcelario.
Entonces, no se entiende que anticipadamente, mientras está el proceso pendiente, las personas estén privadas de libertad, y cuando existe una sentencia, incluso de culpabilidad, terminen con una pena en libertad.

“PROYECTO INOCENTES”
-Es noticia cuando los medios de comunicación publican informaciones de un ciudadano que fue imputado y el tribunal lo declara inocente. Pero el tiempo de privación de libertad queda en el aire… ¿Qué pasa con esos inocentes después de enfrentar toda esta situación difícil?
-Es el trabajo de nuestros defensores, que día a día están en tribunales velando por los derechos de nuestros usuarios. Destaco que, como Defensoría Penal Pública, buscamos una forma que permita destacar los casos de estas personas a través del “Proyecto Inocentes”, una iniciativa que busca y determina casos de este tipo y los visualiza en una página (www.proyectoinocentes.cl), a la que cualquier persona puede acceder, donde hay casos de personas que han sufrido la medida cautelar de prisión preventiva y que finalmente un tribunal resolvió que son inocentes.
Y qué buscamos… por una parte, una reparación de imagen, que permita que, en su caso, se visualice que existieron lo que nosotros denominamos ‘errores del sistema’, porque finalmente no se trata de un error del Ministerio Público, del juez o del defensor, sino que es un error del sistema completo. Cuando falla una parte, falla el sistema completo. La idea es visualizar estos errores para que no se vuelvan a repetir.
Se trata, por ejemplo, de reconocimientos visuales errados: cuando a una persona le muestran una fotografía de un sospechoso y por alguna razón se puede equivocar en sindicar a alguien como responsable de un delito. Qué sucede, por ejemplo, cuando la ciencia se aplica erradamente y termina vinculando a una persona con un delito determinado. También errores de la defensa, por qué no decirlo… Muchas veces también nuestros defensores pueden cometer errores. O el Ministerio Público cuando tiene lo que denominamos ‘visión de túnel’, donde sólo se enfocan en una visión respecto de la investigación y descarta otras aristas. Todo eso lo visualizamos en esta página, en que buscamos una reparación para que efectivamente estos casos no vuelvan a suceder.
También hemos generado vínculos con la sociedad civil, especialmente con la Fundación ProBono, que termina generando una asesoría jurídica para que estas personas puedan, eventualmente, demandar los perjuicios que se pudieran haber ocasionado por esta injusta privación de libertad. Porque esto termina siendo no sólo un descalabro para la persona, sino que también para su familia y su entorno más cercano.

-¿Cómo se retribuye o paga al inocente que vivió un periodo bastante prolongado como culpable, como imputado de un supuesto delito? Y a su entorno, porque aquí se vincula a toda la familia también…
-Eso es irreparable y por eso todos quienes somos parte del sistema penal tenemos que visualizar que la experiencia que puede vivir una persona tras las rejas siendo inocente sin duda es irreparable y que hay que buscar fórmulas, dentro del marco de la legalidad, que permitan, entre comillas, resarcir los perjuicios que se pudieran haber ocasionado.

DEFENSAS ESPECIALIZADAS
-Nuestra región se caracteriza por su multiculturalidad y, tanto el Ministerio Público como la Defensoría Regional han tenido que adaptarse a realidades muy diversas o distintas. Hay casos conocidos, como el de la pastorcita, en que la Defensoría tuvo un rol protagónico… ¿De qué manera la Defensoría Regional ha logrado adaptarse y obtener resultados importantes en la defensa de los intereses de ciudadanos y ciudadanas?
-El caso de Gabriela Blas nos marcó como Defensoría Regional, porque ahí fallaron todos los actores del sistema en poder visualizar la cosmovisión, la mirada distinta que existía en ese caso en que, desde nuestro punto de vista, Gabriela fue juzgada injustamente.
Pero la idea es sacar aprendizajes de eso y nos llevó a buscar fórmulas que permitan, al día de hoy, tener defensores especializados y capacitados en defensa indígena, o nuestras facilitadoras interculturales, que trabajan día a día para mirar y lograr que el juez se ponga los anteojos de esta cosmovisión y pueda mirar esta realidad con ojos distintos, para que ese juzgamiento sea diferenciado.
Como Estado, tenemos la obligación de poder reconocer los usos y costumbres de nuestros pueblos ancestrales. La población de Arica y Parinacota tiene un alto componente indígena, especialmente aymara, con cerca del 30 por ciento de nuestra población. Y eso también nos llevó a entregar esta defensa especializada y crear la primera oficina de defensa aymara e indígena que existió en el norte del país. Sin duda nos sentimos orgullosos, porque esta experiencia regional se replicó posteriormente en Tarapacá y Antofagasta.
Pero hoy también tenemos la realidad migratoria, con un alto porcentaje de personas extranjeras y también es importante que la justicia penal no efectúe discriminaciones. En eso estamos hoy, trabajando con todas y todos los defensores de la región, para que efectivamente todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, sean juzgadas en igualdad de condiciones, que es lo que tenemos que garantizar como Defensoría Penal Pública.

-Como organismo del Estado, ustedes cumplen un rol que, ante la opinión pública, pareciera no tener una aceptación plena, porque muchas veces tienen que trabajar con personas de otras nacionalidades. Sobre todo en estos últimos años, en que se ha generado una discusión importante sobre la presencia migratoria … ¿De qué manera la Defensoría enfrenta estos casos?
-Con la mirada que siempre hemos tenido como institución: nosotros defendemos personas, independientemente de su condición. Esto nos parece lo más relevante y, poniendo el foco en ese aspecto, tenemos que entregar la mejor defensa de calidad a todas las personas. Le insisto, cuando uno tiene la percepción de que cualquiera de nosotros puede verse involucrado en un delito, lo que debemos garantizar es que tenga un abogado que lo pueda defender y hacer valer sus derechos frente a un tribunal.
Y esa garantía de acceso a la justicia, tratándose de personas migrantes que no conocen el sistema penal, que no han vivido acá, sin duda es una brecha que se agranda y ese acceso a la justicia se dificulta. Por lo tanto, acortar esa brecha, para que se encuentren en un plano de igualdad frente a cualquier justiciable de nuestro país, es el trabajo que realiza la Defensoría.

DELITOS PRINCIPALES
-Atención igualitaria para migrantes, también para indígenas… ¿Qué pasa con los adolescentes, grupo etario en que, lamentablemente, ha aumentado la acción delictiva?
-Fíjese que antes de entrar a esta entrevista sacaba los datos de 2022… ¿Sabe cuántos adolescentes estuvieron sujetos a persecución penal ese año? 146… Es una cifra muy marginal respecto del total de causas ingresadas… cerca de 4 mil 600 en la región. Entonces, también es importante decir que muchas veces se genera una falsa percepción respecto de la delincuencia juvenil. Según las cifras, los adolescentes involucrados en crímenes o simples delitos han tendido a la baja.
Revisaba, hace un par de días, un estudio del Ministerio Público sobre delitos violentos y homicidios y, efectivamente, los adolescentes cada día tienen menos participación en delitos de sangre y eso también nos debe llevar a reflexionar sobre esta percepción que se genera sobre la delincuencia juvenil.

-Otro aspecto, importante también, es el aumento de los delitos en la región… Aunque las autoridades dicen que hay niveles y bajas comparativas respecto de años anteriores, hay delitos específicos que son mayores que en otras regiones… Desde la perspectiva de su trabajo, ¿cuáles son los delitos más constantes o que más ocurren?
-Mire, si vemos sólo las cifras de 2022, el top 3 de los delitos que la Defensoría Regional atiende son, en primer lugar, los delitos de la Ley de Tránsito, generalmente asociados a manejo en estado de ebriedad; y en segundo y tercer lugar, los delitos de lesiones y de amenazas, ambos generalmente vinculados a causas de violencia intrafamiliar. Sólo en cuarto lugar aparecen los delitos de la Ley de Drogas.
Entonces, efectivamente se genera una percepción. Nadie duda que posiblemente nuestra criminalidad ha cambiado, pero esos no son los delitos que hoy concentran la mayor cantidad de atenciones en el sistema de enjuiciamiento penal. Si hoy cualquiera de nosotros va a un juzgado de garantía y observa qué delitos se están viendo, la mayoría son los que comenté.

-¿Cuál es la conclusión que extrae la Defensoría Regional sobre esta violencia intrafamiliar y los accidentes de tránsito?
-Ahí nos damos cuenta de que hay realidades regionales complejas. El manejo en estado de ebriedad debería llevarnos, como comunidad, a preocuparnos de esto, porque no son cifras que sean sólo de 2022. Las cuentas públicas de la Defensoría generalmente muestran estos delitos como los más relevantes. Eso cambió en 2021, con la pandemia, cuando el delito más registrado era el del artículo 318, por infracciones a las normas sanitarias como incumplir las cuarentenas.

EL TEMA DE LAS VÍCTIMAS
-¿Y qué pasa con las víctimas? ¿De qué manera se involucra la Defensoría con las víctimas?
-Nuestra misión institucional es la defensa de imputados e imputadas. Sin embargo, el Estado, especialmente respecto de las causas de violencia intrafamiliar, también tiene una importante oferta programática para la defensa de víctimas en estas materias. También en delitos violentos… La Corporación de Asistencia Judicial tiene una unidad que atiende a víctimas de delitos más complejos. Están la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg)… Es decir, hay una oferta en que también existe defensa respecto de las víctimas asociadas a estos delitos.
Como Defensoría, nos parece que es lo que corresponde. Cuando uno ve que el acceso a la justicia es para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, ya no estamos hablando sólo de imputados, sino también de las víctimas, que además son un interviniente del proceso penal que tiene que ser oído. Y en el último tiempo también hemos oído sobre importantes modificaciones legales, que han reforzado el protagonismo de la víctima y los derechos que ésta tiene dentro del proceso penal.
Por ejemplo, en los juicios orales las víctimas tienen el derecho de no ser denigradas. La forma en que los abogados tenemos que preguntar tiene que ser respetuosa frente a ellas. Y creo que esas son también lecciones que hemos sacado como sociedad, en cuanto al respeto de todas las personas sin distinción, independiente de la posición que jurídicamente podamos tener en el proceso penal.

-¿La carga de trabajo de los defensores públicos es similar a la de los fiscales?
-Sí, en la macrozona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) tenemos una importante carga de trabajo. En promedio, tienen una mayor cantidad de personas a las que defienden, incluyendo a muchas personas privadas de libertad por delitos de drogas, lo que también genera una carga importante para nuestras defensoras y defensores públicos.

COLABORACIÓN Y APRENDIZAJES
-¿Ustedes también desarrollan un trabajo colaborativo con Carabineros y la PDI?
-Tenemos un trabajo de colaboración en el contexto de lo que hacemos como institución. Agradecemos que, en general, Carabineros y la PDI han abierto sus puertas a nuestros defensores públicos, para que puedan ir a los cuarteles policiales, generalmente en las noches, para verificar las condiciones de privación de libertad y entrevistar a las personas detenidas. Eso es parte del trabajo colaborativo que hacemos con ambas instituciones.
A nivel nacional, existen programas piloto de atención en comisarías, pero en esta región ese trabajo nació de los defensores y ha permitido, después del estallido social, estar permanentemente en comisarías velando por los derechos de cada una de las personas privadas de libertad.

-¿Cree usted que ha habido un cambio de conductas de chilenas y chilenos después de la pandemia?
-La pandemia a todos nos tuvo que haber dejado una lección. Desde lo personal y desde lo más comunitario. Y también en la Defensoría y en muchos servicios públicos. Hoy tenemos formas distintas de trabajar, los sistemas de videoconferencia nos sirven, nos acercan y nos dan mayor conectividad y en muchos lugares todavía tenemos mucha justicia telemática, aunque no tanto en Arica y Parinacota, afortunadamente.
Nos parece relevante y hemos levantado la voz desde el principio en cuanto a que esto tiene que ser la excepción hasta el 30 de marzo, cuando debería cesar el estado de emergencia sanitaria y posteriormente volver a la presencialidad en los tribunales. Y por qué, porque no todas las personas, sobre todo en nuestra región, que es muy extensa, tiene acceso a la conectividad y, por lo tanto, la presencialidad en el acceso a la justicia de todas las personas es importante.
Y también lo es porque entendemos que no todos tienen un celular, no todos tienen acceso a la tecnología para conectarse remotamente a una audiencia. Esperamos que la modalidad judicial híbrida termine lo más pronto posible.

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