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29/06/2023

Defensor Regional de Arica y Parinacota:

“La prisión preventiva no puede ser una regla general porque muchas personas terminan siendo inocentes o condenadas a penas en libertad”

En entrevista con radio "Puerta Norte", Sergio Zenteno abordó las problemáticas sociales y familiares que surgen en torno a personas imputadas que estuvieron privadas de libertad y resultaron absueltas, revelando –además- que durante 2022 hubo 51 personas de la región que estuvieron en prisión preventiva durante el proceso en su contra y que luego fueron declaradas inocentes.

Por Andrea González S.,
Defensoría Nacional.

Este 2023 el "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública cumple 10 años desde su creación y, en este escenario, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno, analizó las problemáticas sociales, personales y familiares que enfrentan las personas que estuvieron privadas de libertad durante el proceso en su contra, siendo inocentes.

En entrevista con Radio Puerta Norte, la máxima autoridad de la defensa pública regional reveló que, durante 2022, mil 677 personas imputadas fueron declaradas inocentes, lo que corresponde a un 27 por ciento del total de causas finalizadas durante este periodo.

Según detalló, de acuerdo con las cifras de la Defensoría Penal Pública, de este universo, 51 personas estuvieron en prisión preventiva durante la investigación penal, debiendo asumir los costos personales, familiares, psicológicos y laborales que un error de la justicia trae consigo. Lo anterior, agregó Zenteno, equivale al 8 por ciento del total de los imputados sujetos a prisión preventiva durante el año pasado.

“Efectivamente, para nosotros como Defensoría, una gran preocupación dice relación con el uso excesivo que se hace respecto de esta medida cautelar (…) y, lo importante, es tener claridad de que la prisión preventiva no puede ser utilizada como la regla general, porque muchas personas terminan siendo inocentes o terminan condenadas con penas en libertad", sostuvo.

Según el directivo, no se trata sólo de 51 personas afectadas, "sino que también de 51 familias, con padres, esposas, etcétera, que sufrieron porque un ser querido estuvo tras las rejas para luego ser declarado inocente por un tribunal”, detalló.

NO HAY FORMAS DE REPARACIÓN
En la misma línea, agregó que “es importante tener claridad de que, en nuestro sistema procesal penal, no existe una forma eficaz de reparación y nosotros, lo que hemos hecho, a través de lo que conocemos como 'Proyecto Inocentes', es difundir y evidenciar los casos de personas que fueron injustamente privadas de libertad, buscando aportar, de alguna  manera, en una reparación efectiva”.

También informó que se registró un aumento en el número de atenciones a personas extranjeras, pasando de mil 21 casos en 2021 a mil 129 causas en 2022, lo cual "nos ha llevado a abrir una línea de defensa especializada en la región”.

Según Zenteno, “nuestra misión es seguir prestando una defensa de calidad y que las personas que lleguen a la Defensoría Penal Pública se sientan satisfechas del servicio que estamos prestando, independiente del resultado, que puede ser favorable o no, pero que se sientan respetados, que se vele por su dignidad y que conozcan toda la información de su causa, para que cualquier decisión que tomen, sea libre e informada”, insistió. 

PUEBLOS ORIGINARIOS
Por último, el Defensor Regional recordó el caso de la pastora aymara Gabriela Blas y mencionó que “en esa causa no se visualizó su cosmovisión al momento de ser juzgada, y de ese caso tuvimos que sacar lecciones. No solamente la Defensoría, sino también la Fiscalía, Carabineros y los mismos tribunales, lo que llevo que tuviéramos que resarcir todo lo que ella sufrió”.

Zenteno recordó que a partir de la experiencia anterior, "como Defensoría nos hicimos cargo y levantamos oficinas indígenas y aymaras. Incluso, en nuestra región se instaló la primera oficina aymara de todo el norte del país”, comentó.

Añadió que “hoy contamos con cinco defensores especializados en la línea de defensa indígena y tenemos no sólo un trabajo con Conadi y con las universidades, sino que también con la comunidad y con dirigentes aymaras, para poder empoderarlos, porque precisamente en la causa de Gabriela Blas, lo que nos faltó es haber podido tener un mayor involucramiento con las comunidades, con los dirigentes, con el objeto -por ejemplo- de mostrar a los tribunales que pastorear con los hijos es un hecho común en el altiplano chileno”.

“Por todo ello, es importante que todos los actores del sistema de justicia se pongan los anteojos de la cosmovisión y puedan juzgar con esa perspectiva”, finalizó Sergio Zenteno.

Ver entrevista completa AQUÍ  (Desde 1:15’:20’’)

 

 

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