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14/07/2023
En el marco del nuevo 'manual de actuaciones mínimas' de la Defensoría en ese ámbito
Defensoría de Atacama creó unidad regional de defensa penal de género y disidencias sexo-genéricas
El próximo martes ,1º de agosto, entra en vigencia el nuevo manual, para lo cual la Defensoría está coordinando una serie de capacitaciones para sus equipos.
El Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma; la jefa regional de Estudios de la Defensoría, Violeta Villalobos; la defensora local jefe de Vallenar, Nayadé Cifuentes; el defensor penal juvenil Sergio Jofré, la asistente social Yesenia Cortés y la encargada de comunicaciones, Claudia Jiménez, se reunieron para conformar la primera unidad regional de defensa penal de género, creada en el marco del piloto del 'manual de actuaciones mínimas' en materias de igualdad de géneros y disidencias sexo-genéricas.
“Este nuevo manual se trata de un modelo interdisciplinario, por lo que la convocatoria es a participar de esta nueva unidad, a partir de diversas miradas profesionales y técnicas, con la finalidad de entregar una defensa penal especializada y eficiente a nuestras usuarias mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQA+, que enfrentan una persecución penal en su contra”, aclaró el Defensor Regional.
El directivo explicó también que, en el ámbito de la aplicación del principio de igualdad material en la justicia penal, "esto implica considerar que las mujeres y las disidencias sexo-genéricas se encuentran en una posición desigual -estructural e histórica-, en relación con los hombres, por lo que en el funcionamiento del sistema penal en una sociedad cis-hétero-patriarcal se deben incorporar otros elementos de análisis, para equiparar sus respectivas posiciones, siendo necesario que los operadores jurídicos, comenzando por las y los defensores públicos, observen la realidad criminal y social desde una perspectiva diferente, de género, no limitando su análisis a las categorías jurídicas tradicionales, que no alcanzan a satisfacer las necesidades de defensa penal actual”.
TEMA DESAFIANTE
Seún el jefe regional de la defensa pública, “en la primera entrevista, el defensor o defensora pùblica deberá solicitar información acerca de si la persona imputada ha sido víctima de violencia de género, ya sea en su familia de origen, en sus relaciones de pareja o en relaciones de subordinación. También deberán recabar aquellos datos acerca de roles de crianza de hijos o cuidado de otras personas, niveles de ingreso, escolaridad, situación de discapacidad, situación de vivienda, pertenencia a pueblo originario, embarazo, nacionalidad o pertenencia a algún grupo LGTBIQA+. Es un modelo esencialmente interseccional”, aseguró.
La jefa de Estudios, en tanto, comentó que si se detecta la posibilidad de elaborar una defensa con perspectiva de género, "se deberá ahondar, con los debidos resguardos, en la integridad psíquica de la persona imputada, obtener antecedentes relativos a su situación de vulnerabilidad".
En el caso de personas LGTBIQA+, Villalobos sostuvo que se debe recabar información sobre su orientación, identidad y/o expresión de género, tratamientos médicos, quirúrgicos, hormonales u otros y cualquier situación que resulte de relevancia, con el objeto de realizar las argumentaciones pertinentes para el resguardo de sus derechos en la primera audiencia.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
Los directivos comentaron también que el defensor o defensora pública preferente que enfrente uno de estos casos y que requiera de apoyo, deberá recurrir a la recién creada unidad regional, para lograr una adecuada elaboración de la teoría del caso y de la estrategia de defensa, la solicitud de peritajes y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, considerando las características de la persona imputada desde una perspectiva de género y enfoque diferenciado.
Esta nueva unidad, que será coordinada por la jefa de Estudios, se reunirá periódicamente con la finalidad de definir la cobertura que tendrá el piloto de género, la calidad técnica de los defensores o defensoras públicas preferentes, establecer convenios interinstitucionales estratégicos, organizar actividades de capacitación permanente, hacer seguimiento de causas, establecer líneas innovadoras de atención de personas usuarias, informar al nivel central los avances y desafíos, y organizar actividades de difusión, como el seminario que se llevará a cabo como hito de lanzamiento de este nuevo manual de actuaciones mínimas y del piloto en Atacama.
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