Sala de Prensa

01/08/2023

(*) El siguiente reportaje fue publicado por el Diario Talca

Suman y siguen casos de inocentes que sufren prisión preventiva (*)

A nivel regional prontamente se sumará un nuevo caso de connotación social a esta lista de víctimas del sistema penal chileno.

Por Diario Talca.

Son más de 66 mil a nivel país, según datos oficiales de la Defensoría Penal Pública. En su última cuenta pública, el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, explicó que, al contrario de lo que se podría pensar, estos casos van en aumento, con mil 400 personas en la región del Maule durante 2022 a quienes se les imputaron cargos y, luego de ser formalizados, en el transcurso de la investigación son finalmente absueltos en juicios orales o simplificados, porque no existió el delito o se acreditó su inocencia. O bien se decidió no perseverar en sus causas por parte de la Fiscalía.

Lo más grave es que, más allá de una formalización, en muchos de estos casos se les aplica a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva, por un supuesto peligro para la sociedad o para las víctimas. Ello ocurre, además, no sólo en un contexto de baja carga probatoria que exige la ley para los fiscales, en esta etapa primera de los procedimientos penales, sino también por el ambiente social y comunicacional en Chile, que tiende a magnificar la privación de libertad en la cárcel como la única salida posible para personas que todavía esperan un juicio y sentencia.

Y eso sí es muy preocupante, porque implica no sólo que fallaron las primeras diligencias investigativas que instruyen los fiscales de turno, sino también que algo ocurrió al momento en que el juez de garantía que conoció estos antecedentes, ya que su rol es –según indica la ley–, justamente, velar por la legalidad de la acción investigativa y por la ecuanimidad en sus resoluciones, sin importar si van en contra de la opinión pública del momento.

Lo vivió en carne propia Rudy Hövelmeyer Bravo, director y propietario del medio de comunicación digital “El Diario de Maule”. Fue el 1° de febrero de 2022 cuando la PDI lo detuvo por supuesta flagrancia y la Fiscalía de Talca lo formalizó por casos reiterados de violencia intrafamiliar. Tanto así, que el persecutor de turno exigió la medida cautelar de prisión preventiva y así lo concedió el también juez de turno del Juzgado de Garantía de Talca, a pesar de la oposición del abogado de la Defensoría Penal Pública. Y al poco rato, este reportero y emprendedor de los medios de comunicación se vio entregado a Gendarmería e ingresado a la cárcel de Talca.

Así lo recuerda con voz todavía temblorosa por la dramática experiencia que le tocó vivir. “Siento que vulneraron mis derechos a defenderme. La justicia, muy livianamente, a través de la Fiscalía, me formuló una formalización sin fundamento. Fue un momento muy difícil, porque no se puede acusar a alguien de forma irresponsable. No se puede pedir una prisión preventiva en forma tan liviana, sin investigar bien antes lo que está pasando. Ni siquiera me dejaron hablar. Sabemos la sobrecarga que tiene la Fiscalía, pero ellos deben ser más exactos y responsables al momento de llevar adelante una causa criminal. Fue como el mundo al revés”, comentó.

“Cuando me ingresaron a la cárcel fue una gran impotencia por estar en un lugar que no debía. Era muy injusto. Tanto así, que los propios gendarmes entendieron que era algo que no estaba cuadrando. Ellos conocen el perfil de los delincuentes y se dieron cuenta de inmediato que yo no había cometido ningún delito. Es una de las peores cosas que puede ocurrirle a una persona, es decir, que pierda su libertad por algo que no hizo. Es algo que no se lo doy a nadie. No sólo por la afectación personal, sino de toda la familia, sus amigos y cercanos. Que muchos te apunten porque confían en la justicia sin que nadie te escuche que eres inocente”, afirmó.

Rudy Hövelmeyer Bravo debió gastar lo que no tenía para contratar a los abogados Luis Sepúlveda y Constanza Moncada. Primero, se logró sacarlo de la cárcel tras apelar a la medida cautelar y, luego, en virtud de los antecedentes probatorios reunidos en su favor, un año y seis meses después, fue la propia Fiscalía la que decidió no perseverar en la investigación. La audiencia para comunicar esta resolución está programada para el 23 de agosto próximo. Si bien es una formalidad, demuestra el fin de un camino tortuoso que nadie debe vivir, porque así lo dice la propia legislación, al hacer primar el derecho a la inocencia por sobre todas las cosas, al menos, en el papel.

“Lo que ocurrió no se repara ni con todo el dinero del mundo, porque el daño a mi familia fue terrible. Si bien mi nombre ya se limpió, en su momento quedé como el peor hombre del mundo, como un cobarde que le pega a las mujeres. Tu persona se denigra tanto que te quedas sin palabras. La importancia de estar en prisión, siendo inocente, es el peor castigo. La justicia en algo está fallando, porque deben ser más precavidos y juntar pruebas, porque en caso contrario, tienen que abstenerse. Mi única expectativa es que todo esto se cierre en agosto. Siempre estuve disponible para aclarar todo y eso me ayudó para hacer ver que yo era inocente. Ahora bien, nada va a sanar el dolor que le causaron a mi familia. Ningún medio de comunicación buscó mi versión y eso es también un error. No hubo contraparte y ese también es un derecho”, destacó.

La visión del Defensor Regional del Maule es clara: “Es una mezcla de causas para que esto ocurra. Como lo hemos dicho en nuestro 'Proyecto Inocentes', la primera razón es que hay denuncias falsas que el sistema penal no puede detectar, o bien lo hace en forma muy tardía. A ello se suma esta visión solamente persecutora del Ministerio Público, sin respetar el principio de objetividad, que obliga a investigar también lo que favorece al imputado. Y, luego, una mala conducta policial, que hace que los fiscales tomen decisiones no necesariamente con prueba suficiente para pedir una formalización o medida cautelar. Y si a eso se le agrega la sensación de inseguridad en la opinión pública, se conforma una ‘tormenta perfecta’, que hace que estas cifras suban, sin tomar los resguardos necesarios para superar el estándar que se necesita para sostener la persecución penal”.

En cuanto al rol de los jueces de garantía, José Luis Craig es claro en sostener que “uno ve criterios que, tal vez, no siendo correctos, van de la mano de esa sensación de inseguridad y de mano dura que puede tener la opinión pública o las víctimas, pero que no debiera tener un tribunal de justicia. No puede haber criterios exógenos o simples percepciones para tomar decisiones sobre las personas. Pero, lamentablemente, uno ve algo de aquello cuando hay permeabilidad de los jueces a ese sentimiento popular de inseguridad, al cual los jueces no están llamados a tomar en cuenta a la hora de resolver. Ellos deben ajustarse al mérito de lo que dice la ley y las pruebas reunidas en la investigación. Nada más”.

Y la expectativa no es nada mejor, más todavía considerando lo que ocurre con las personas migrantes que se ven involucradas en hechos delictuales. “En el Poder Judicial vemos que hay consciencia de esto y los tribunales superiores tienden a no considerar aspectos exógenos a la causa penal al momento de tomar decisiones. Pero lo que se ha explicitado por parte del Ministerio Público no es nada optimista, como es aplicar más cautelares sobre cualquier tipo de delito, sin importar la proporcionalidad”.

Revise la nota original en el archivo adjunto:

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