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28/08/2023

Defensor Regional de Atacama entregó balance de la gestión 2022

“Dotar de autonomía a la Defensoría es necesario y será un acierto para una democracia fortalecida por una nueva Constitución”

Ante las más altas autoridades de la región y del director administrativo nacional de la Defensoría Penal Pública, Samuel Poblete, el jefe de la defensa pública regional, Raúl Palma, dio a conocer el desempeño institucional durante el año pasado y expuso los principales desafíos actuales de la justicia penal.

Por Claudia Jiménez C.,
periodista Defensoría Regional de Atacama.

De forma presencial, después de tres años de suspensión debido a las restricciones que impuso la pandemia, el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, rindió cuenta de la gestión 2022 del equipo que lidera, durante una ceremonia realizada en el salón de juicio oral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Atacama. Allí destacó la labor de las defensoras y defensores públicos que prestan cobertura en las provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco.

“Agradezco al equipo regional; defensoras y defensores públicos, asistentes administrativas, auxiliares y profesionales quienes, en un ejemplo de compromiso institucional, pusieron su esfuerzo al servicio de la comunidad y permitieron que, durante tiempos complejos, se garantizara sin excepciones el acceso a la justicia y el derecho a defensa para todas y todos”, enfatizó.

Palma Olivares agregó que “no hemos cejado en co-construir cada día una institución que debe ser -y ha sido- capaz de cautelar el acceso efectivo de toda la población a un derecho que el Estado se compromete a garantizar, que es el derecho a ser defendido penalmente en un proceso legal, justo y racional. Cada defensor y defensora penal pública sabe que, sin esa garantía concreta, la justicia pierde equilibrio y el estado de derecho se debilita”, señaló.

MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA
El directivo sostuvo que las particularidades de las diferentes personas que atiende la institución se traducen en una defensa que recoge la diversidad existente en la población y, por ello, la institución ha construido desde sus inicios programas de defensa específica para grupos en situación de mayor vulnerabilidad social y que merecen especial atención en el acceso a la justicia.

“En cada una de estas áreas: responsabilidad penal adolescente, defensa de personas pertenecientes a pueblos originarios, de personas migrantes, defensa penitenciaria, con perspectiva de género y de personas inimputables por problemas de salud mental, contamos con manuales de actuaciones mínimas que rigen el desempeño de nuestras defensoras y defensores públicos y que permiten medir y controlar el trabajo de defensa a través de un consolidado mecanismo de evaluación y control técnico”, destacó el abogado.

En ese sentido, comentó particularmente la defensa penal pública con perspectiva de género, cuyo modelo fue modificado y entró en vigencia el 1° de agosto recién pasado, "incorporando a las mujeres y a las disidencias sexo-genéricas, en el sentido convencional de que se trata de personas cuya orientación sexual, identidad de género o expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos y otras normas internacionales". 

Según el Defensor Regional, el objetivo de este modelo, que opera como piloto nacional en la región, es llevar adelante una serie de exigencias mínimas para defensoras y defensores públicos que participen en la prestación de defensa penal en casos de personas pertenecientes a estos colectivos históricamente discriminados.

"Ello, con la finalidad de ejercer el derecho a defensa incorporando elementos metodológicos y jurídicos que permitan salir de los límites normativos tradicionales. En este caso, de la norma patriarcal hegemónica y, de esta forma, se puedan resolver los problemas de desigualdad material en el proceso penal, sobre todo en el caso de una persona imputada o privada de libertad”, explicó.

Palma Olivares sostuvo que, en el marco de este nuevo manual de actuaciones mínimas, la Defensoría Regional creó la Unidad de Defensa Penal de Género, a la que se convocó a colaboradores con distintas miradas y competencias técnicas, además de confeccionar alianzas interinstitucionales con la finalidad de entregar una defensa penal especializada y eficiente a sus usuarias y a personas pertenecientes al colectivo LGBTIQA+ que enfrentan una persecución penal en su contra.

ANÁLISIS DE CIFRAS
En relación con las estadísticas de atención, el directivo destacó que “de las 7 mil 238 causas ingresadas en 2022, el 17,9 por ciento correspondieron a mujeres, el 4,5 por ciento a adolescentes, el 0,5 por ciento a personas de pueblos originarios y el 8 por ciento a personas extranjeras. Esta última cifra constata que, a pesar de que la opinión pública instala el discurso de que los extranjeros serían responsables del aumento de los delitos que percibe la población, esto no es así”, aseguró.

De igual forma, Palma explicó que, durante el mismo periodo, en relación con los delitos “no hubo variación entre 2021 y 2022 en la prevalencia de los delitos de mayor ingreso en nuestra región: a las lesiones, con un 18,9 por ciento, le siguen los delitos contra la libertad e intimidad de las personas, con 15,4 por ciento y, con un 13,8 por ciento, los delitos de la Ley de Tránsito”, destacó.

También dijo que del total de causas ingresadas, hubo 553 personas a las que se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva y que, de ellas, 17 personas llevan más de un año privadas de libertad esperando un juicio, "lo que supera el límite razonable y evidencia que el sistema aún presenta deficiencias. Más grave aún, si quienes fueron afectados en sus derechos no son responsables. El año pasado, 984 personas imputadas terminaron su causa manteniendo su estado de inocencia o no siendo condenadas. De ellas, 53 fueron absueltas y el 97,3 por ciento no estuvo privado de libertad”, enfatizó.

AUTONOMÍA INSTITUCIONAL
En un mensaje transversal que cruzó todo su discurso, Palma Olivares ilustró la labor que todos los días efectúan las y los defensores penales y que, más allá de lo que declara la misión institucional, busca promover en el proceso penal los derechos y garantías de las personas "que nadie defiende ni representa, de los invisibilizados".

Por lo mismo y en el contexto del nuevo proceso constituyente, el Defensor Regional dijo que “se hace impostergable dotar a la Defensoría de autonomía constitucional, precisamente por la labor que realizamos y que a veces resulta contra-mayoritaria, pero que es esencial para el ejercicio del derecho a una defensa diligente de todas las personas que no cuentan con recursos para contratar un abogado privado y para asegurarles el acceso a la justicia, en un pie de igualdad material, sobre todo a aquellos más discriminados y marginados”.

Palma comentó, finalmente, que “en tiempos donde la deslegitimación de la justicia y la crisis de seguridad son amenazas reales a la democracia y al estado de derecho, lo crucial es fortalecer las instituciones que funcionan, fomentar el acercamiento de la ciudadanía a los servicios que dan soluciones a sus demandas y que defienden concretamente sus derechos todos los días. En ese sentido, dotar de autonomía a la Defensoría Penal Pública es necesario y será un acierto indesmentible para una democracia fortalecida por una nueva Constitución”.

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