Sala de Prensa

28/08/2023

Columna de opinión:

Entre el don de la libertad y el mal del cautiverio: "Proyecto Inocentes"

En el siguiente artículo, publicado en El Rancagüino, el Defensor Regional de O'Higgins, Claudio Aspe, se refiere al número de personas inocentes presas durante los 20 años de la reforma procesal penal en la región.

Por Claudio Aspe Letelier,
Defensor Regional de O'Higgins.

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres” (Miguel de Cervantes).

Tal como dijo don Quijote a Sancho, la libertad es un don y el cautiverio, un mal. Ahora que nos acercamos a los 20 años desde que el sistema procesal penal comenzó a regir en nuestra región, relevante resulta dar una mirada a la privación de libertad, más aún cuando en la actualidad existe una demanda ciudadana por mayor seguridad.  

Es comprensible que, ante un delito de connotación pública, las víctimas y la sociedad exijan del Estado una respuesta oportuna y eficaz, que se traduzca en la detención de los responsables, su sometimiento a prisión preventiva, su juzgamiento y su posterior condena. Pero en este escenario, y durante el todo el proceso penal, se pueden cometer errores que perjudiquen a personas que, sin responsabilidad alguna, sean vinculadas al sistema penal, con las consecuencias personales, familiares, sociales y económicas que ello signifique, lo que se agrava aún más cuando se ven expuestos en los medios de comunicación y redes sociales.

Sólo en la región de O’Higgins el año pasado 6 mil 479 personas que pasaron por alguno de sus tribunales no fueron condenadas. Es decir, fueron absueltas, sobreseídas o bien el Ministerio Público ejerció la facultad de no perseverar, por carecer de elementos probatorios para fundar una acusación. De estos hombres y mujeres, 56 estuvieron privados de libertad en centros de detención, cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, pero al finalizar el proceso, el tribunal los declaró inocentes.

Lo anterior nos lleva a plantear dos preguntas. La primera: ¿Por qué razón estuvieron privadas de libertad? Y la segunda: ¿Cómo debiera responder el Estado? Respecto de la primera, puede responderse desde dos ámbitos. Desde el carácter estructural, podemos decir que desde la entrada en vigor del modelo actual se le han realizado múltiples reformas, a través de leyes penales y procesales penales, tales como el aumento de penas, la ampliación de facultades de la Fiscalía y las policías y, en especial, normas que han rigidizado la actuación de jueces al momento de tener que pronunciarse sobre la privación o no de la libertad de las personas.

Por otra parte, hay factores de operación del sistema que se traducen en ejercicio de atribuciones policiales excesivas, investigaciones con 'visión de túnel', errores en actuaciones como reconocimientos errados, declaraciones falsas, errores periciales e, incluso, una inadecuada defensa, entre otros.

En la segunda pregunta, ¿quién responde a las consecuencias de una privación de libertad injustificada?, ¿cómo se recuperan los lazos familiares, el empleo, los gastos que la persona no pudo solventar por estar presa? y, en especial, ¿cómo se repara la honra y la dignidad del sujeto?

La legislación vigente no facilita la reparación económica ni social para estas personas, lo que se traduce en que sólo en contadas ocasiones los tribunales han determinado indemnizaciones para estos inocentes presos. Ello hace aún más imperioso que la prisión preventiva sea decretada sólo cuando se justifique y no cuando otras medidas pudieran ser procedentes para asegurar los fines del proceso, de forma de evitar que se transforme en una pena anticipada.

Hace 22 años, la Defensoría Penal Pública fue creada para ser la voz de las personas imputadas y para representarlas ante tribunales, controlando la prueba presentada por el Ministerio Público y asegurando un debido proceso, mismo proceso en el que se cometen errores que se pagan con la libertad de inocentes.

Este 2023, además, se cumplen 10 años de la puesta en marcha del "Proyecto Inocentes", un programa que -dentro de sus objetivos- busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia, a fin de evitar que personas inocentes se vean injustamente privadas de su libertad como, asimismo, constituir un espacio de reconocimiento permanente y público sobre su inocencia (www.proyectoinocentes.cl)

El "Proyecto Inocentes" destaca las historias de ciudadanos que han estado presos siendo inocentes, exponiendo los antecedentes de sus causas y los errores cometidos. El objeto es reparar su honra, explicar su caso y servir de plataforma de estudios para mejorar las prácticas del sistema penal.

Revise la publicación original en el siguiente enlace: 

https://twitter.com/elrancaguino/status/1696141134236463391?t=QsNMCmrImh-Rc6FHPMzvZg&s=08

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