Sala de Prensa

  • Portada
  • Sala de Prensa
  • Noticias
  • Estudio internacional destaca capacidad de adaptación de la Defensoría ante aumento de delitos en escenarios complejos

07/09/2023

Referido al desempeño de la institución en el marco del estallido social de 2019

Estudio internacional destaca capacidad de adaptación de la Defensoría ante aumento de delitos en escenarios complejos

El documento fue publicado en la última edición de la revista de investigación académica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Por Andrea González S.,
Defensoría Nacional.

El desempeño de la Defensoría Penal Pública entre octubre de 2019 y marzo de 2020, en el marco del estallido social ocurrido en Chile, fue destacado por un estudio internacional desarrollado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú e incluido en el último número de la revista Derecho PUCP, que publica artículos inéditos y originales de investigación jurídica o interdisciplinaria.

En el documento, los autores Javiera Farías, José Manuel Fernández, Tomás Pascual y Hugo Rojas muestran cómo reaccionó una institución pública fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado de derecho y la protección jurídica de la persona acusada de un delito: la Defensoría Penal Pública.

Según se recoge en el texto, durante dicho periodo la prestación de defensa penal pública estuvo plagada de dificultades. “En efecto, no se trataba de una tarea fácil, pues los hechos que se desencadenaban en el país en esas semanas convulsionadas eran de incierto carácter, yendo de actos propiamente delictivos a manifestaciones políticas”, detalla el análisis.

“El enfrentar un cambio súbito en el volumen de casos hace aparecer la capacidad de adaptación de la DPP como un factor valioso para evaluar su desempeño”, agrega el escrito, que también considera importante destacar la labor de la institución en un contexto de convulsión social desde una perspectiva más amplia.

“No se trata únicamente de un órgano relevante para la vigencia de los derechos humanos en el proceso penal, sino también de un órgano capaz de dar voz en el proceso penal a quienes son objeto de persecución penal. Ciertamente, esta capacidad no es ilimitada y resulta restringida por las decisiones y la capacidad de otros órganos de la justicia penal”, asevera la nota, afirmando que “puede apreciarse que la capacidad de adaptación favorece un rol más activo de la Defensoría Penal Pública en la protección de derechos”.

En la misma línea, detalla que la capacidad de adaptación de la Defensoría es un factor importante para la formulación de creencias sobre la ilegitimidad de la justicia penal, lo que resulta especialmente importante en contextos en que dichas creencias aparecen como parte de las motivaciones de los disturbios.

CIFRAS
En cuanto a los datos obtenidos en dicho periodo, la revisión refleja que el total de causas ingresadas entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo de 2020 fue mayor que la cifra registrada en ese mismo lapso en años anteriores y levemente inferior al año posterior.

“De los 20 meses analizados en este estudio, el mes que va del 18 de octubre al 17 de noviembre de 2019 es por lejos aquel en el que hay más delitos asociados a causa-imputado. Ese mes se registraron 40 mil 501 delitos, mientras que, en promedio, en esos 20 meses, dicha cifra fue de 31 mil 40 delitos, por lo que el contraste es evidente. Ello se tradujo en un importante incremento en la carga de trabajo de la Defensoría, especialmente, en el último trimestre de 2019”.

Respecto de los dos delitos de mayor ocurrencia entre todos los ilícitos asociados al estallido social, el estudio arrojó que fueron el robo en lugar no habitado y los desórdenes públicos.

“Dado que algunas de las conductas en que incurría la población durante el estallido social no se encontraban tipificadas, y con la finalidad de restablecer el orden público, el 30 de enero de 2020 fue publicada la Ley N° 21.208, que vino a modificar el Código Penal al crear delitos de: interrumpir la circulación de personas y/o vehículos con violencia, intimidación u obstáculos; lanzar en la vía pública, a personas o vehículos, instrumentos, utensilios u objetos que pudieran causar muerte o lesiones; robo con ocasión de calamidad o alteración al orden público; y saqueo”, indica.

La investigación explica que estos ajustes legales fueron contemplados a la hora de efectuar los análisis de los datos y figuran como las instancias más plausibles de los delitos de estallido social, tal como se ha conceptualizado en este trabajo.

“Respecto de la prisión preventiva, en términos generales, no se aprecian grandes diferencias entre los cuatro periodos de tiempo comparados de 2017 a 2021. Pero si la comparación se circunscribe únicamente a los delitos que hemos identificado como los más recurrentes del estallido social, en esos casos sí se observan diferencias considerables, viéndose aumentadas las   prisiones preventivas en algunos de los meses del estallido, en comparación con los otros meses analizados”, agrega el análisis.

MEDIDAS ESPECIALES
Y destaca que, para cumplir con su cometido legal y defender a detenidos y formalizados en el sistema penal, la Defensoría Penal Pública adoptó medidas como que aquellos funcionarios que habitualmente no representan a detenidos, por desempeñarse en tareas de estudio o análisis, se involucraran en tareas propiamente de defensa penal. Asimismo, se reorganizaron los sistemas de turno diario de audiencias de control de detención y se aumentó el número de horas de atención.

También se estableció el traslado de los defensores institucionales y licitados a las unidades policiales en las que se encontraban las personas detenidas por los delitos del estallido social, para apoyarlas lo más temprano posible en sus defensas y para prevenir la comisión de abusos por funcionarios de Carabineros; y se diseñó un nuevo modelo de defensa penal pública más eficaz y expedito, cuya puesta en marcha mediante planes piloto se ha caracterizado por su interinstitucionalidad.

“Este tipo de medidas debieran ser discutidas al interior del sector justicia con la finalidad de reforzarlas normativa e institucionalmente, pero también para perfeccionar los sistemas de coordinación que se requieren para enfrentar de mejor manera fenómenos cada vez más complejos de criminalidad”, concluye la investigación.

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver