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Defensoría Regional Metropolitana Norte suscribió convenio de colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes

11/09/2023

Representantes de ambas instituciones dialogaron sobre la situación actual de estas personas en la región

Defensoría Regional Metropolitana Norte suscribió convenio de colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes

Mediante este trabajo conjunto, ambas instituciones buscan incidir positivamente en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, a través de la derivación de casos, capacitaciones y diálogos participativos.

Por Paula Hernández.,
periodista Defensoría Metropolitana Norte.

El pasado jueves 7, la Defensora Regional Metropolitana Norte (DRMN), Daniela Báez, concurrió hasta las oficinas de la Fundación Servicio Jesuita Migrante (SJM) en Santiago Centro, para firmar allí un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que permitirá gestionar la derivación de casos que requieran defensa penal, ratificando así el compromiso de la DRMN con la entrega de una defensa especializada y su interés por la promoción de los derechos de las personas migrantes.

“Es un convenio muy importante, porque uno de nuestros lineamientos regionales ha sido siempre avanzar en la alianza entre la institución pública y las organizaciones de la sociedad civil, de tal manera de entregar una defensa de mejor calidad. En este caso estamos pensando en una población que muchas veces se encuentra en una situación de necesidades especiales, como es la población migrante”, explicó Daniela Báez.

El Servicio Jesuita Migrante tiene una historia de casi 20 años de trabajo en Chile, entregando atención social y representación jurídica a estas personas, velando así por el reconocimiento de sus derechos. En esta línea, su directora ejecutiva, Waleska Ureta, recalcó la importancia de trabajar con una institución pública como la Defensoría Regional Metropolitana Norte, especialmente por su impacto en la promoción de políticas públicas que permitan la inclusión social de las personas migrantes.

“Que una autoridad del Estado pueda estar en alianza con el SJM es un hito muy relevante, porque contribuye a la promoción y protección de los derechos de las personas. Para nosotros la defensa es un tema importante, que realmente aporta y donde se necesita un tratamiento igualitario. Este convenio viene a concretar esa voluntad de ambas partes. Esperamos que sea fructífera en términos de aprendizaje conjunto, e incidir en que la ciudadanía y quienes toman las decisiones comiencen a mirar la migración como un proceso humano, que debe ser tratado con altura de miras”, aseguró.

PLAN DE ACCIÓN Y DIÁLOGO
En la mesa de trabajo que firmó el convenio participaron la jefa de la Unidad de Estudios de la DRMN, Sandra Haro, y la encargada de Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), Francisca Sellés, junto al equipo de la Fundación SJM, conformado por el director de Incidencia y Estudios, Ignacio Eissmann; la directora de Sostenibilidad, Paula Tejeda; la jefa jurídica, Gabriela Hilliger, y la abogada de Incidencia Jurídica, Constanza Castillo.

El acuerdo permite derivar casos que tienen causas vigentes, órdenes de detención o condenas pendientes detectadas por el Servicio Jesuita a Migrantes a la DRMN, siempre y cuando estén dentro de su jurisdicción. También se compromete la colaboración en capacitaciones y charlas, orientadas a difundir información jurídica pertinente para personas privadas de libertad.

Al respecto, la Defensora Regional agregó que “es una alianza muy importante, sobre todo en aspectos como las capacitaciones recíprocas entre los que integran el servicio y nosotros, como funcionarios públicos, de manera de avanzar hacia una sociedad más justa, menos desigual y siempre teniendo en la base el trato igualitario y digno para todos”.

Durante la reunión, además, se llevó a cabo un diálogo, pues las y los presentes aprovecharon la oportunidad para compartir sus preocupaciones respecto de la situación actual de las personas migrantes en Chile. En ese contexto, se dio cuenta del porcentaje que ellas y ellos representan respecto del total de personas privadas de libertad en la región, y los desafíos específicos con los que se encuentran al enfrentar a la justicia en nuestro país.

A partir de estas conversaciones, fue posible incluso definir actividades a desarrollar próximamente en Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel.

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