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Un año de la opinión consultiva 29/22 de la Corte Interamericana

10/10/2023

Columna de opinión:

Un año de la opinión consultiva 29/22 de la Corte Interamericana

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el diario Atacama.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

El 10 de octubre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la Opinión Consultiva OC-29/22, a instancias de la consulta efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la necesidad de adoptar enfoques diferenciados para enfrentar la situación de desigualdad material de ciertos grupos de personas privadas de libertad en mayor riesgo y vulnerabilidad en contexto de encarcelamiento.

En concreto, se trató de las mujeres embarazadas en periodo de parto y lactantes, personas LGBTIQA+, personas indígenas, adultos mayores y niños y niñas que viven con sus madres o cuidadores principales en prisión.

La necesidad de adoptar enfoques diferenciados emerge de la obligación de los Estados de cautelar el principio de igualdad y no discriminación mediante acciones positivas y concretas, que propendan al cumplimiento del deber de protección reforzada de los grupos en contextos de mayor vulnerabilidad y discriminación estructural, evitando los efectos desproporcionados de la prisión.

La opinión consultiva, que es uno de los mecanismos de la Corte IDH para establecer la interpretación y alcance de la Convención Americana u otros tratados pertinentes, considera elementos muy acuciantes, como las condiciones execrables del encierro en las cárceles latinoamericanas, en general, no sólo respecto de los grupos mencionados, haciendo hincapié en el hacinamiento, el uso extendido y nocivo de la prisión preventiva y la desgraciada pulsión punitivista penal existente, además de la violencia institucional, entre otros.

La Corte IDH subraya de manera transversal la necesidad de abordar la temática desde una mirada interseccional respecto de todas las causas de discriminación y violencia sobre estos grupos y no con un enfoque fragmentado, además de señalar que “el encierro exacerba y reproduce los sistemas de dominación social basados en el privilegio de unos y la opresión de otros, como el patriarcado, la homofobia, la transfobia y el racismo”.

En un sistema penitenciario en crisis, como el nuestro, con tasas de hacinamiento y violencia extraordinarias, bien valdría la pena ajustar la política carcelaria a los parámetros de esta Opinión Consultiva que, como dijimos, tiene vocación universal, y no por omisión seguir profundizando las ingentes deficiencias en protección de los derechos humanos de las personas encarceladas.

Por ejemplo, incluir prioritariamente la opción por medidas alternativas a la prisión en los casos de mujeres, como lo ha hecho recientemente Colombia; el derecho a la salud en relación con la identidad de género en la población trans, además de adecuar los espacios habitables a las necesidades de las personas privadas de libertad con su participación, entre otras medidas que contiene la OC-29/22.

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