Sala de Prensa

25/03/2009

El proceso penal y el respeto por los derechos humanos

Columna de Juan Carlos Rebolledo Pereira, Defensor Regional de Aysén, publicada en El Diario de Aysén el 23 de marzo.

Desde que la Reforma Procesal Penal entrara en vigencia en la Región de Aysén, en el mes de diciembre de 2002, nuestra institución ha trabajado por posicionar en la conciencia pública el concepto del respeto hacia los Derechos Humanos en el ámbito del proceso penal.

Esta tarea no ha sido fácil, ya que la comunidad no solo ha debido comprender la transformación formal y conceptual de la llamada Nueva Justicia, las posibilidades de participación ciudadana y el rol de los nuevos actores que intervienen en el proceso; sino también sus derechos como individuos y la importancia que tiene el que estos sean respetados, ya sea en calidad de víctima, testigo o imputado de un delito.

Aún cuando hoy en día la comunidad entiende de mejor modo la labor de la Defensoría Penal Pública, creo que el comprender el origen y la esencia de nuestra labor, ligada a la defensa de principios tan básicos como el respeto de los Derechos Humanos (entre ellos el derecho de las personas a un juicio justo e imparcial)  puede demorarse aún unos cuantos años. Y es que lograrlo requiere de un profundo cambio cultural, que no puede producirse de la noche a la mañana, sino como resultado de años de experiencia.

Es por esta razón que dentro de nuestras tareas está el continuar con la difusión de nuestra misión y de la importancia de construir día a día una sociedad respetuosa de los derechos de las personas, más aún cuando la libertad - uno de los bienes más preciados de la Humanidad - está en juego.

Como ya hemos aclarado en otras oportunidades, la Defensoría Penal Pública tiene por objetivo proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que,  habiendo sido acusados de un crimen o simple delito, carezcan de abogado; velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los representados. 

De esta manera la intervención de la Defensoría Penal Pública asegura un juicio justo dónde se respeten las garantías del imputado, y en el caso que este sea encontrado culpable – después de un proceso imparcial y en igualdad de condiciones – se le aplique una condena coherente con el delito cometido y las atenuantes o agravantes que correspondan en cada caso.

Confiamos en que con el paso del tiempo y la consolidación del sistema, el respeto por los derechos de las personas en el marco del sistema penal irá afianzándose progresivamente en la concepción de Justicia de los chilenos y chilenas.

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