Sala de Prensa

30/10/2023

En cuenta pública conjunta, realizada el 26 de octubre

Defensorías Metropolitanas advierten sobre la situación carcelaria en la Región Metropolitana

El problema se ha visto agravado por la aplicación del llamado “criterio Valencia”, que derivó en el empeoramiento de la situación de hacinamiento penitenciario.

Por María Eugenia González I.,
periodista Defensoría Metropolitana Norte.

A partir de la actual situación de seguridad ciudadana, durante los últimos meses se repiten en el debate público propuestas que apuntan a incrementar las penas aplicables a determinados delitos y asegurar que quienes sean condenados a penas privativas de libertad las cumplan de manera efectiva.

Entre los problemas más apremiantes está la sobrepoblación y el hacinamiento penitenciario: de acuerdo con cifras de Gendarmería de Chile, los internos e internas en el sistema cerrado llegaron a 54 mil 678 personas en agosto pasado, aumentando en 14 por ciento respecto del año anterior.

Este fenómeno también ha comenzado a mostrar sus efectos al interior del sistema carcelario regional y nacional, con antecedentes que hacen recordar la situación que viven otros países del continente, como Ecuador, Brasil y Venezuela.

Así lo advierten las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte y Sur. Sus profesionales, quienes realizan periódicas visitas a centros penales en el marco de las funciones de la defensa penitenciaria especializada, han constatado el incremento en los casos de riesgo para la integridad física y la vida de los internos en situación de vulnerabilidad.

Según la Defensora Regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, este problema se ha visto agravado por el creciente hacinamiento existente en las cárceles chilenas.

Antecedentes sobre este fenómeno, junto a otros aspectos de la defensa penal y la situación del sistema de justicia, fueron abordados en la cuenta pública conjunta de ambas Defensorías Metropolitanas, que se llevó a cabo el 26 de octubre en el Auditorio del Centro de Justicia de Santiago (CJS).

“SITUACIÓN EXTREMA”
En Chile se registra un aumento sostenido de la población carcelaria. De acuerdo con estadísticas de Gendarmería, esta asciende a más de 54 mil personas y, de ese total, el 35 por ciento se encuentra recluido en penales de la Región Metropolitana.

“La nueva realidad carcelaria que constatamos a través de las visitas periódicas de nuestros defensoras y defensores públicos nos evidencia que no sólo existe un aumento del número de personas privadas de libertad sino que, consecuentemente, las condiciones de encierro se han visto alteradas en desmedro de sus derechos fundamentales”, advirtió el Defensor  Regional Metropolitano Sur (S), Crhistian Basualto.

El directivo añadió que la situación de hacinamiento que existe hoy en los centros penitenciarios es “la más extrema que se ha vivido en nuestra historia carcelaria”.

Tal realidad, denuncian ambas Defensorías Metropolitanas, ha implicado el recrudecimiento de los ataques contra la vida y la integridad física de los internos más vulnerables al interior del sistema penitenciario, quienes "sufren constantes abusos de los grupos que mantienen el control de esos espacios, cuya presencia dice relación con la nueva criminalidad carcelaria y el perfil de algunos de los imputados”, precisaron Báez y Basualto.

"Es necesario recordar las condiciones que vive nuestro sistema penitenciario y los enormes desafíos que esta realidad nos presenta. A veces pareciera que habláramos de una población abandonada, cuyos problemas son invisibles para la sociedad", señalaron.

PRISIÓN DE MIGRANTES
Un antecedente que incide en el incremento del hacinamiento penitenciario fue la publicación, en abril pasado, del oficio emitido por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, que estableció criterios de actuación para los casos de personas migrantes imputadas sujetas a audiencia de control de detención y que no cuenten con documento identificatorio, con independencia de la gravedad del delito imputado.

La medida, conocida como el “criterio Valencia”, derivó en el incremento de la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en dichos casos, lo que aumenta el número de personas ingresadas a los centros penitenciarios y agrava el hacinamiento, precisan las Defensorías Regionales.

Según datos dados a conocer por ambas Defensorías, entre enero y septiembre de 2022 se decretó la prisión preventiva sobre el 8 por ciento del total de imputados chilenos y el 12 por ciento del total de imputados migrantes.

“Sin embargo, al revisar las cifras del mismo período del año en curso, podemos observar que los imputados chilenos con prisión preventiva se mantienen en 8 por ciento, mientras que los imputados migrantes con prisión preventiva aumentaron a 17,3 por ciento, lo que se traduce en un 47 por ciento más de imputados extranjeros con prisión preventiva durante este período”, aseguraron los directivos regionales.

PRIMERA FERIA DE DERECHOS
En la antesala de esta cuenta pública participativa conjunta se dio un hecho inédito: por primera vez se realizó una feria de derechos con distintos servicios relacionados en la explanada del Centro de Justicia de Santiago (CJD), cuyo objetivo fue acercar los servicios las personas e informar de causas o facilitar trámites como la renovación de la cedula de identidad.

La feria se realizó gracias a la colaboración del Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fuentes Purrán, quien explicó que este tipo de actividades permiten fortalecer y “cumplir con una de las misiones que tenemos como gobierno, que es acercar los servicios a todas y todos”.

Fuentes Purrán agregó que “hemos visto cómo la ciudadanía se acerca a resolver consultas e inquietudes. Con estas ferias ciudadanas también buscamos que las personas que no pueden realizar un trámite o consultar por sus causas por tiempo,  hoy día lo han podido realizar, aprovechando que están todos los servicios públicos acá en la explanada del Centro de Justicia”, aseguró.

El seremi felicitó a los Defensores Regionales Daniela Báez y Crhistian Basualto por su balance institucional participativo, al que calificó como "un gran ejercicio de transparencia y democracia para con la ciudadanía".

También destacó el trabajo que realizan ambas sedes regionales de la Defensoría en su misión de “defender y fortalecer el acceso a la justica para todas las personas imputadas o condenadas por delitos. La labor de la Defensoría Penal Pública es única y la vamos a seguir fortaleciendo, para que podamos seguir realizando un trabajo mejor cada día”, concluyó.

Las instituciones que participaron en esta feria ciudadana fueron la Corporación de Asistencia Judicial, el Registro Civil e Identificación, el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Poder Judicial, la Fiscalía Centro Norte, la Defensoría Nacional, el Servicio Médico Legal (SML) y el Servicio Jesuita Migrante.

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