Sala de Prensa

22/11/2023

A propósito del nuevo aniversario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Defensorías Públicas del Mercosur conmemoran hoy su ‘día oficial’

La Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercado Común del Sur (Redpo), de la que nuestra institución es miembro asociado, instauró esta conmemoración en 2007.

Por Marcelo Padilla Villarroel.
Periodista Defensoría Nacional.

Hoy se cumplen 54 años desde la firma, en San José de Costa Rica, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que se suscribió el 22 de noviembre de 1969, pero entró en vigencia el 18 de julio de 1978.

Aunque se trata de un hito relevante en sí mismo -en tanto la Convención es uno de los pilares del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos y, por lo mismo, también parte del sistema internacional de derechos humanos-, la fecha tiene un doble simbolismo para las defensas públicas del continente, incluyendo a la Defensoría Penal Pública chilena, pues desde 2007 en esta fecha se conmemora también el ‘Día oficial de las Defensorías Públicas del Mercosur’.

En efecto, en marzo de ese año y tras una propuesta de la representación argentina, la Reunión Especializada de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (Redpo), convocada en Asunción (Paraguay), acordó celebrar este ‘día oficial’ en esta fecha, precisamente por el simbolismo que implicó la creación de la CADH y, sobre todo, por la relevancia que la Convención tiene para la vigencia de la defensa pública en la región.

En principio, aunque la CADH protege y garantiza diversos derechos -a la vida, a la libertad e integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la familia, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial, al nombre, a la nacionalidad, a la propiedad privada, el derecho de reunión, de circulación y de residencia, derechos políticos, derechos de la niñez, de libertad de asociación, de libertad de conciencia y de religión, de libertad de pensamiento y de expresión, entre otros-, también establece garantías judiciales mínimas relevantes para el ejercicio práctico del derecho a defensa y el debido proceso.

Por ejemplo, su artículo 8 establece como garantía judicial mínima “el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley”.

 ¿QUÉ ES REDPO?
La Redpo, a su vez, agrupa a las defensas públicas de los países miembros o asociados al Mercado Común del Sur (Mercosur), un acuerdo de integración subregional celebrado bajo el alero de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), organismo internacional creado el 12 de agosto de 1980, en reemplazo de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), y que actualmente cuenta con 13 estados miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En detalle, el Mercosur nació como consecuencia del Tratado de Asunción, suscrito el 26 de marzo de 1991 por los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de crear un mercado común entre estos países. Tras un periodo de transición, básicamente para culminar el proceso de desgravación arancelaria y acordar un sistema permanente de solución de controversias, el 17 de diciembre de 1994 los estados partes firmaron el Protocolo de Ouro Preto (Brasil), que definió la estructura institucional actual del Mercosur y que entró en vigor el 15 de diciembre de 1995.

Actualmente, el bloque económico tiene sede en Montevideo (Uruguay) y está integrado por los cuatro primeros países más Venezuela, nación cuya membresía se encuentra suspendida desde 2017, más Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Bolivia como estados asociados, aunque este último país solicitó ser incorporado como estado parte en 2015, por lo que se encuentra en “proceso de adhesión”.

El Tratado de Asunción, a su vez, reafirmó los compromisos del Acta de Integración Argentino-Brasileña de 1985 y expresó, entre sus considerandos, que “la ampliación de las actuales dimensiones de los mercados nacionales constituye condición fundamental para acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social”.

 

SUS OBJETIVOS
En síntesis, la Redpo es un foro del Mercosur cuya finalidad es promover el fortalecimiento institucional de las Defensorías Públicas de la región. Su creación formal se produjo el 20 de febrero de 2004, en el marco de lo dispuesto en el estatuto de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), cuando los representantes de las Defensorías Públicas Oficiales de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acordaron el Río de Janeiro (Brasil) impulsar la creación de esta Reunión Especializada ante el Mercosur.

El 25 de junio del mismo año, a través de la Resolución GMC-RES N° 12/04, el Mercosur creó oficialmente la Redpo, cuya finalidad es la coordinación y cooperación de las Defensorías Públicas Oficiales de los estados partes del Mercosur, “para coadyuvar en la defensa de las garantías reconocidas a la sociedad civil del Mercosur en las constituciones nacionales, los tratados, la normativa del Mercosur y las leyes de los estados parte. En tal sentido, cabe destacar que la defensa pública reviste un importante rol en la consolidación del Estado democrático y social de derecho”.

El 19 de junio del año siguiente, mediante la Decisión CMC-DEC N° 06/05, el consejo del Mercosur dispuso que la Redpo fuera coordinada por el Foro de Consulta y Concertación Política, en el ámbito del Mercosur Político, dado que la temática que aborda no es de carácter económico comercial.

A su vez, la Reunión Especializada se diferencia y es independiente del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur (Blodepm), pues mientras éste mantiene su carácter asociativo, la Redpo se reserva, en su carácter de órgano dependiente del Mercosur, para las cuestiones que se vinculan con el ámbito político-gubernamental.

Entre otros fundamentos, la Redpo se orienta a “la defensa de la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y las garantías reconocidos por los acuerdos, tratados internacionales y las constituciones nacionales en los estados de la región; la creación de un sistema estable de coordinación y cooperación entre las Defensorías Públicas del Mercosur; la promoción de la asistencia y representación de las personas y los derechos de los justiciables necesarias para una amplia defensa y acceso a la justicia con debida calidad y excelencia requerida, y el impulso de la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera de las Defensorías Públicas para el pleno ejercicio del derecho de defensa de las personas.

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