Sala de Prensa

20/12/2023

Carlos Mora Jano expuso hoy ante la Comisión de Constitución del Senado

Defensor Nacional planteó necesidad de mantener los equilibrios en el sistema procesal penal

Acompañado por el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP), Pablo Aranda, Mora Jano valoró como “un buen proyecto” la actual iniciativa de fortalecimiento del Ministerio Público, pero advirtió la necesidad de “mantener nivelados los engranajes del sistema”.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.

Acompañado por el jefe del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Penal Pública, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, expuso esta mañana ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, cámara en que se discute actualmente el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público (Boletín N° 16374-07).

Junto con valorar esta iniciativa como “un buen proyecto, por lo cual no tenemos ningún tipo de objeción, porque entendemos que va con la necesidad de mejorar la persecución penal en nuestro país”, Mora Jano planteó la necesidad de mantener los equilibrios que permiten el funcionamiento adecuado de un sistema tripartito como el de la justicia penal, que incluye a fiscales, jueces y defensores públicos.

“Es importante entender que, para que funcione este motor, tiene que tener sus engranajes funcionando nivelados, precisamente para mantener nivelada la cancha en los tribunales de justicia”, señaló.

Mora Jano recordó que en 2015, cuando se promulgó una modificación legal que aprobó un primer fortalecimiento de la Fiscalía, “efectivamente llegaron más fiscales y más jueces, pero hubo salas de tribunales que no se pudieron abrir, porque no teníamos los defensores públicos. Entonces, hay que ver los impactos que tenga este nuevo fortalecimiento respecto de todo el sistema.

DOTACIÓN Y COBERTURA
Como dato, ambos directivos explicaron que actualmente la defensa pública es ejercida por 195 defensores públicos institucionales y 524 prestadores privados que licitan cobertura de defensa pública en todo el país, de los cuales 54 prestan cobertura de defensa penitenciaria, con un total de 719 abogados y abogadas, aunque 669 de ellos deben asumir una cobertura anual cercana a 300 mil causas en los últimos diez años, tramitadas actualmente en 460 salas de tribunales de garantía y de juicio oral.

Agregaron también que, además, por cada 100 fiscales existen 86 defensores públicos, de manera que para mantener el equilibrio, el mecanismo más rápido y de menor costo sería aprobar una asignación presupuestaria que permita a la institución cubrir la brecha que provocará el ingreso de 205 nuevos fiscales, si el proyecto es aprobado.

“Para modificar el sistema o el Ministerio Público se requiere una modificación legal. Para la Defensoría Penal Pública sería sólo una asignación presupuestaria, porque nosotros sí podemos crecer, a través del presupuesto de la Dipres, con el monto para defensores públicos licitados. Si el costo de este fortalecimiento para los fiscales sería de 43 mil millones de pesos, mantener el equilibrio desde la Defensoría costaría más o menos un cuarto, es decir 11 mil millones de pesos”, explicó el Defensor Nacional.

PREGUNTAS
Tras su exposición, ambos directivos de la Defensoría recibieron diversas consultas de los parlamentarios que integran esta comisión, dirigida por la senadora Luz Ebensperger. Por ejemplo, Rodrigo Galilea y Alfonso de Urresti preguntaron si la defensa pública tiene alguna holgura que le permita hacer frente al eventual aumento de cobertura que implicará la labor de los nuevos fiscales.

Francisco Huenchumilla, en tanto, preguntó si la aplicación del principio de objetividad por los fiscales colabora o no a reducir, eventualmente, la carga de trabajo de las y los defensores públicos.

Carlos Mora Jano explicó que actualmente la institución no tiene holgura alguna para absorber un aumento de cobertura y, como ejemplo, mencionó que un juicio oral como el del llamado caso ‘fraude en Carabineros’ implicará que seis defensores públicos tengan dedicación casi exclusiva a esa causa durante toda su extensión, calculada entre un año y un año y medio.

Pablo Aranda expuso otro ejemplo: “En el llamado caso ‘tren de Aragua’, en Arica, trabajan seis defensores públicos de un total de 20 que hay en la región, lo que implica que los otros 14 tienen que asumir las audiencias, las visitas de cárcel, la solicitud de diligencias, la atención de familiares y diversos otros temas en el resto de las causas”, aclaró.

Respecto del impacto del principio de objetividad, el Defensor Nacional reconoció que, si bien “ayuda absolutamente a bajar la carga”, recordó que cuando comenzó el nuevo sistema procesal penal se entendía que todos los delitos menores o de bagatela no llegarían a juicio oral, pero el actual proceso de exasperación de penas y otras modificaciones legales ha motivado una reducción de las salidas penales alternativas y, además, un preocupante incremento de la población penal.

“Anualmente están entrando 20 mil personas a privación de libertad y, desde el inicio de la reforma procesal penal, 39 mil personas han sido privadas de libertad y luego han sido declaradas inocentes. Entonces, por supuesto que nos preocupa. Casi todas las leyes que han sido modificadas tienen un marco penal, lo que hace difícil jugar con las normas de determinación de pena y no se permiten muchas salidas alternativas”, advirtió. 

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver