Sala de Prensa

12/03/2024

Carlos Mora Jano expuso esta mañana ante la Comisión de Hacienda del Senado

Defensor Nacional solicitó asimilación presupuestaria para hacer frente al aumento de fiscales

Con el objetivo de que la defensa penal pública mantenga la actual proporción de 86 por ciento respecto de la dotación del Ministerio Público, Mora Jano solicitó un incremento presupuestario de 12 mil 82 millones de pesos anuales, para incorporar a 176 nuevos defensores públicos licitados y otros profesionales de apoyo.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
periodista Defensoría Nacional.


El Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, expuso esta mañana ante la Comisión de Hacienda del Senado, a propósito del proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público que se discute actualmente en el Congreso.

El principal objetivo de su exposición –realizada a través de un contacto virtual con los senadores Ricardo Lagos Weber (presidente), Juan Antonio Coloma, José Miguel Insulza, Daniel Núñez y José García Ruminot, fue plantear la necesidad de mantener los equilibrios del sistema penal acusatorio, de manera que un incremento en la dotación de fiscales se refleje proporcionalmente en la dotación de defensoras y defensores públicos.

Aunque Mora Jano reconoció que la carga de trabajo de las y los defensores públicos ha bajado, pasando de 380 mil causas en 2011 a poco más de 280 mil en 2023, advirtió también que los ingresos han aumentado en el norte del país, como también la cantidad total de prisiones preventivas decretadas, que pasaron de unas 20 mil en 2011 a 35 mil el año pasado.

“Comprenderán ustedes que esto aumenta sustancialmente la carga de trabajo, tanto para el Ministerio Público como para la Defensoría y el Poder Judicial, porque gran parte del trabajo de fiscales, defensores y jueces se basa en la situación de las personas privadas de libertad”, explicó.

El directivo reconoció también que la defensa pública licitada, responsable de un 80 por ciento de la cobertura anual del servicio a nivel nacional, aumentó su dotación desde 470 prestadores al inicio de la reforma procesal penal en todo el país a 524 prestadores actualmente, “lo que nos ha permitido mantener una proporción de 86 por ciento respecto de la dotación del Ministerio Público”.

Por lo mismo, y aunque la Defensoría no está incorporada en este plan de fortalecimiento de la Fiscalía, pidió que, “en el evento de que este proyecto sea aprobado y para que funcione bien el sistema, queremos mantener esa relación respecto de la cantidad de fiscales para poder seguir con nuestro trabajo, lo que implicaría un aumento de 176 nuevos defensores públicos licitados, más el apoyo profesional requerido, lo que equivaldría a un aumento presupuestario de 12 mil 82 millones de pesos anuales, a diferencia del Ministerio Público, cuyo aumento de fiscales y de dotación equivale a 43 mil 672 millones de pesos anuales”, sostuvo.

PLAN DE REZAGO DE CAUSAS
Según el jefe nacional de la defensa penal pública, un ejemplo reciente que demuestra la necesidad de un crecimiento nivelado y proporcional del sistema ocurrió con el plan para abordar el rezago de causas provocado durante la pandemia de Covid-19, “cuando efectivamente hubo un aumento de 31 fiscales, 31 defensores públicos y 31 jueces, con lo cual se mantuvo el equilibrio del sistema acusatorio, que es lo que ahora necesitamos”, aseguró.

Junto con señalar que la institución entiende que el sistema penal ha crecido y ha enfrentado diversas dificultades, Mora Jano felicitó al Ministerio Público por incorporar en el actual proyecto de fortalecimiento la creación de una unidad de control de calidad para el trabajo de las y los fiscales.

“Nosotros tenemos al Departamento de Evaluación, Control y Reclamaciones (DECR), para controlar a través de inspecciones y auditorías externas a nuestros defensores penales públicos, con indicadores de resultados que nos permiten darnos cuenta de dónde tenemos las debilidades y corregirlas. Por ello, consideramos muy bueno lo que pretende incorporar ahora el Ministerio Público”, indicó.

Al cerrar su exposición, el Defensor Nacional solicitó a los senadores de la comisión que, “cuando se realice la discusión presupuestaria de este proyecto, exista una asimilación presupuestaria para que nosotros podamos aumentar nuestra dotación de abogados licitados y nivelar la carga con el Ministerio Público, dado que si no es así, es decir si no mantenemos este 86 por ciento de proporción con ellos, no sabemos si seremos capaces de entregar la cobertura necesaria para que el sistema de enjuiciamiento penal avance como corresponde”, finalizó.

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