Sala de Prensa

19/06/2024

Durante el encuentro se debatió sobre “Prisión preventiva. Fines y límites para su aplicación”

Defensor Nacional encabezó seminario sobre prisión preventiva organizado por la Universidad de Talca

Carlos Mora Jano estuvo a cargo de inaugurar la actividad académica, contexto en que profundizó sobre el sistemático aumento en la aplicación de esta medida cautelar.

Por Andrea González S.,
Defensoría Nacional.

Este miércoles 19, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, se refirió al aumento en la aplicación de la prisión preventiva y sus consecuencias, desde la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Lo hizo en el marco del seminario “Prisión preventiva. Fines y límites para su aplicación”, que fue organizado y realizado en la sede Santiago de la Universidad de Talca.

Durante su exposición, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública detalló que, de acuerdo con las cifras de la institución, en 2023 “alcanzamos el porcentaje histórico más alto de prisión preventiva, con un 9 por c9iento, sobre 261 mil 356 ingresos”.

Agregó que, “si bien la gran parte de las reformas legales buscaban responder las peticiones legítimas de mayor seguridad, lo cierto es que más que incidir en los índices de inseguridad, han afectado especialmente a quienes pertenecen a grupos vulnerables, como el caso de las mujeres”.

Al respecto, explicó que “durante 2023, a 2 mil 546 mujeres atendidas por la Defensoría se les impuso la prisión preventiva, mientras que, en 2022, esa cifra alcanzó un total de 2 mil 262 imputadas. Esto representa un aumento promedio de 12,6 por ciento, el que se ha mantenido constante en estos últimos años y que suele invisibilizarse”.

MUJERES EXTRANJERAS
Según el Defensor Nacional, “la situación es aún más crítica en las mujeres extranjeras, que están sobrerrepresentadas en las cárceles chilenas". Añadio que, según las cifras de la institución, durante el año pasado al 17,9 por ciento de las imputadas extranjeras se les impuso la prisión preventiva, mientras que, en el caso de las chilenas, fue sólo al 4,1 por ciento.

"Y no sólo se las priva más de libertad, sino que también sus prisiones preventivas suelen tener mayor duración. Por ejemplo, por delitos de la Ley de Drogas, en 2023 la privación de libertad de las chilenas duró un promedio de seis meses, mientras que la de las extranjeras, siete meses y medio. Es decir, un 20 por ciento más”, dijo.

Durante su presentación, Mora Jano también mencionó que “las reformas legales han tendido a restringir cada vez más los márgenes de ejercicio de la actividad jurisdiccional”, para luego señalar que, “en la gran mayoría de los casos, la prisión preventiva solicitada, se concede”.

El jefe nacional de la defensa pública sostuvo que, de hecho, según datos de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, en los últimos diez años más del 80 por ciento de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público fueron concedidas. Es decir, de las 35 mil 526 prisiones preventivas solicitadas, 30 mil 624 se concedieron”.

Por último, Mora Jano reiteró que el uso masivo de la prisión preventiva genera efectos en el gasto público, además de provocar un gran hacinamiento carcelario.

"Ello no sólo causa deshumanización y precariza las condiciones de habitabilidad, sino que genera un enorme gasto escasamente conocido: en cárceles concesionadas se generan millonarias multas para el Estado, por el mayor número de internos ingresados por sobre lo acordado en los contratos, gatillando las cláusulas penales fijadas al efecto, multas cuyos montos son -paradójicamente- mayores a todo el presupuesto que destina el Estado en reinserción social”, advirtió.

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