Sala de Prensa

17/07/2024

Columna de opinión:

Acceso a la justicia y defensa penal

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el diario Atacama.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que se torna esencial en el devenir de un estado de derecho democrático y que se construye desde la interacción con otros derechos tan relevantes como el debido proceso, el derecho a defensa y la tutela judicial efectiva, que apunta a reducir las brechas entre la norma abstracta y la realidad social, fortaleciendo y legitimando la justicia material e igualitaria.

Se trata de un derecho autónomo y constituye una garantía de acceso a los tribunales de justicia para obtener una resolución del Estado sobre un conflicto para, de esa manera, proteger los derechos individuales o colectivos que se pueden ver afectados.

Si bien el derecho de acceso a la justicia no se encuentra consagrado expresamente en el plexo de derechos fundamentales de índole convencional ni constitucional, este ha logrado conformarse a partir de la labor jurisprudencial de los sistemas de protección de los derechos humanos, siendo en nuestro continente el Sistema Interamericano el que ha definido su carácter de derecho fundamental, a partir de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

En el ámbito penal sin duda la labor de la Defensoría Penal Pública es crucial en el aseguramiento del acceso a la justicia de todas las personas que carecen de asistencia letrada particular. Si entendemos que para garantizar el acceso a la justicia, sobre todo de las personas en situación de vulnerabilidad -como nos exigen las Reglas de Brasilia-, resulta necesario asegurar concretamente que todas puedan acudir al sistema de justicia sin obstáculos ni barreras, en busca de que sus derechos sean amparados, contando con acciones concretas y eficientes dentro de plazos racionales y obteniendo decisiones motivadas, que procuren el desenvolvimiento de un debido proceso. Entonces, el rol de la defensa penal pública es un acicate para un acceso a una justicia material, es decir una justicia sin dilaciones, sin sesgos ni prejuicios, al servicio directo de las personas.

La existencia en Chile de una defensa penal técnica de calidad, especializada con enfoques diferenciados y de derechos humanos para determinados grupos en situación de vulnerabilidad, con perspectiva de género e interseccionalidad, es un instrumento de protección de los derechos humanos que se debe cautelar por la sociedad toda, evitando su precarización y desdeñando cualquier desequilibrio dentro del sistema de justicia penal, porque lo que está en cuestión es impedir la indefensión, sobre todo de quienes nadie defiende.

Como señalaba el gran jurista brasileño Cançado, se trata precisamente del derecho a obtener justicia, del acceso a la propia realización de la justicia, del acceso al derecho.

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