Sala de Prensa

12/08/2024

Columna de opinión:

Crimen organizado y justicia penal

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, fue publicado en el diario Atacama.

Por Raúl Palma Olivares,
Defensor Regional de Atacama.

Para analizar las nuevas formas de criminalidad que han surgido en nuestro país, el cómo afectan socialmente e impactan al sistema de justicia penal en la labor de fiscales, defensores y jueces, esta semana asistí en Santiago a una pertinente exposición del fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), en un espacio interinstitucional de conversación y reflexión.

En ella se trataron los desafíos que este tipo de criminalidad emergente presenta para el sistema de justicia, como son la estructura de los grupos delictuales, los niveles de violencia, el uso de nuevos códigos de conducta en cárceles y tribunales,  y la reacción de las autoridades policiales y judiciales, lo que redunda en la necesidad de actualizar normativas y tomar medidas tendientes a aminorar los riesgos, procurando una mayor prevención de los intervinientes en materia de seguridad y corrupción.

Marcelo Bergman, sociólogo argentino, define el crimen organizado latinoamericano como una criminalidad vinculada a pequeñas y medianas organizaciones que surgieron para hacer dinero y promover la oferta de bienes ilícitos con cierta estructura y continuidad, ejerciendo la amenaza, utilizando la violencia y que se apoyan en la corrupción para neutralizar a los agentes encargados de aplicar la ley, a veces incluso administrando negocios legítimos.

Por lo anterior, resulta una criminalidad de difícil control cuando se expande, debido a que responden a mercados altamente codiciados por los consumidores en contextos de deslegitimación y desconfianza en las instituciones y aumento de la violencia.

Si bien este fenómeno se ha venido desarrollando en el subcontinente de manera sostenida en los últimos 30 años, época de paradójica prosperidad económica y en la que el tema de la seguridad ha acaparado la agenda política y mediática del país, no se tomaron medidas eficientes para evitar o detener su desarrollo, quizás como una deriva más del populismo penal instalado. 

El desafío es ingente e involucra a todo el sistema de justicia penal en un país democrático como el nuestro, porque se deben emprender respuestas efectivas y novedosas a nuevas formas del delito, con un sistema carcelario vulnerable y con una ciudadanía impaciente, pero con la ineluctable misión de hacer respetar el estado de derecho y las libertades, lo que implica un diálogo entre diferentes actores -cada uno en su rol-, pero con el propósito colectivo de dotar al sistema de justicia de mayor legitimidad en tiempos complejos.   

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