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21/08/2024

En cuenta pública participativa conjunta, realizada ayer

Defensorías Metropolitanas alertaron sobre dramática situación de personas con problemas psiquiátricos privadas de libertad en cárceles

En otro plano, advirtieron que la aplicación desmedida de la prisión preventiva empeora aún más la actual crisis de sobrepoblación penal en el país.

Por María Eugenia González I.,
Periodista Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Pese a sentencias dictadas en su momento por las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, las que ordenan que las personas que sufren trastornos de salud mental y se encuentren privadas de libertad en centros penitenciarios sean trasladadas a lugares que cuenten con las condiciones sanitarias necesarias para su tratamiento, dichas resoluciones no se han cumplido.

Así lo advirtieron ayer los Defensores Regionales Metropolitanos Norte, Daniela Báez, y Sur, Crhistian Basualto, al rendir ayer cuenta pública de la gestión 2023 de sus respectivos equipos, en el marco de la creciente preocupación por los riesgos que sufren las personas internas con problemas psiquiátricos.

“Es imperativo reconocer que las condiciones actuales en los centros penitenciarios son extremadamente inseguras. No sólo hablamos de afectaciones a la integridad física y psíquica de las personas en internación provisional, sino también de la pérdida de vidas, debido a las condiciones inhumanas a las que se han visto sometidas. Como sociedad, no podemos ni debemos permitir que estas situaciones se sigan repitiendo”, advirtieron en un discurso compartido.

Agregaron que “las personas con trastornos de salud mental, y con mayor razón las inimputables, no pueden permanecer privadas de libertad en las cárceles de Chile, en circunstancias que debiesen estar en un hospital psiquiátrico”, enfatizaron.

APOYO ESPECIALIZADO
Ambos directivos expusieron distintas cifras relevantes de la gestión institucional en este ámbito. Por ejemplo, Daniela Báez señaló que, durante 2023, un total de 20 defensoras y defensores públicos de ambas sedes realizaron gestiones para que se garantizara el derecho a una atención digna y de calidad a las personas internas que experimentan problemas de salud mental y neurodiversidades.

La abogada recordó que ambas Defensorías Metropolitanas presentaron tres acciones de amparo masivas en favor de las personas imputadas con problemas de salud mental que se encontraban en cárceles de la región, como parte de un esfuerzo conjunto con Gendarmería de Chile  y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Sin embargo, pese a que las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel acogieron los recursos, “dichas sentencias no se están ejecutando conforme a lo dispuesto por la judicatura”, advirtió Báez.

“En una sociedad democrática como la nuestra y con apego al respeto de los derechos humanos, nos parece lamentable la escasez de camas al interior de los hospitales psiquiátricos para los imputados que las requieren”, precisaron Báez y Basualto.

ABUSO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
En otro plano, los Defensores Regionales insistieron en denunciar el incremento sostenido que ha tenido la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria, la que -según cifras de la institución- aumentó en 10 por ciento el año pasado, en comparación con el período anterior.

“Estamos viviendo un retroceso en esta materia, debido a que el uso de la prisión preventiva como medida cautelar se aleja del espíritu que animaba la reforma procesal penal, que abogaba por un uso racional y excepcional de la privación de libertad”, sostuvo Crhistian Basualto.

Ambos directivos indicaron, asimismo, que el año pasado, del total de personas a las que se aplicó la prisión preventiva, el 71,2 por ciento finalmente no fue condenado a una pena privativa de libertad. “Si la prisión preventiva se estableció como una medida cautelar excepcional, ¿por qué en ese altísimo porcentaje de imputados e imputadas no se recurrió a una medida cautelar menos gravosa?”, se preguntaron Báez y Basualto.

Este último recalcó también que este fenómeno deriva en que empeore el hacinamiento que se vive hoy en el sistema penitenciario, lo que genera “condiciones carcelarias que nos preocupan y que significan un trabajo permanente de parte de nuestras defensoras y defensores públicos, con el fin de resguardar los derechos fundamentales de las personas que representamos y que se encuentran privadas de libertad”.

“Esto se aplica, en particular, en el caso de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad: adolescentes, personas inimputables, mujeres privadas de libertad, migrantes, comunidades LGBTIQA+, personas mayores y todos quienes vean conculcados sus derechos esenciales, como la vida y la integridad personal”, aseveró.

DEFENSA DE GÉNERO
La Defensora Regional Metropolitana Norte destacó también la puesta en marcha del piloto del nuevo modelo de defensa de género en la comuna de Colina. Este modelo atiende a todas las mujeres imputadas, de la comunidad LGTBIQA+ y personas afectadas por delitos de violencia de género, ya sea que estén en prisión preventiva o en libertad. Actualmente, 236 mujeres están siendo atendidas por defensoras públicas especializadas en esta área.

“Nos preocupa el aumento de mujeres privadas de libertad en la Región Metropolitana. Durante 2023 su número se incrementó en 19 por ciento respecto de 2022, mientras que los hombres privados de libertad aumentaron un 10 por ciento. Esta cifra se triplica cuando hablamos de mujeres migrantes privadas de libertad, que aumentaron en 64 por ciento en el mismo período. También nos preocupa que, a junio de este año, del total de mujeres privadas de libertad, el 58 por ciento corresponde a mujeres imputadas, las que deben tener derecho a ser juzgadas en un plazo razonable”, aseguró Daniela Báez.

Lo anterior, aseguró, impacta en un mayor hacinamiento en el principal recinto penal para imputadas de la Región Metropolitana, el Centro de Detención Preventiva (CDP) de San Miguel, lo que llevó a que durante el primer semestre de este año se produjeran traslados intempestivos de un grupo de mujeres imputadas hacia el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, sin que ese recinto tuviera las condiciones de habitabilidad necesarias para ello.

"Las Defensorías Regionales Metropolitanas hemos trabajado en terreno, verificando que dichas condiciones se mejoren y, con ello, se garantice los derechos fundamentales de dichas internas", explicaron ambos directivos. 

CAMBIO DE NOMBRE REGISTRAL
Entre los puntos positivos en lo que va de este año, la Defensora Metropolitana Norte resaltó los avances logrados en materia de enfoque de género, especialmente uno que tuvo como protagonistas a siete internas -cinco en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur y dos en el CDP Santiago 1, quienes pudieron concretar su cambio de nombre registral.

Dicha ceremonia se llevó a cabo el 27 de junio pasado, a propósito de la celebración del Día del Orgullo, gracias a la coordinación entre ambas Defensorías Metropolitanas, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la Unidad Regional de Derechos Humanos de Gendarmería y el Registro Civil. “Esto nos permitió avanzar en procesos que contribuyen a avanzar en el respeto de la dignidad y los derechos de nuestras representadas”, precisó Báez.

"PROYECTO INOCENTES"
Báez y Basualto destacaron también que, desde su creación, en 2013, el "Proyecto Inocentes" ha representado un esfuerzo significativo para visibilizar y reparar los errores judiciales que, lamentablemente, han llevado a una injusta privación de libertad a muchas personas.

"La situación de las personas inocentes en prisión preventiva es una problemática que no podemos soslayar. Las cifras recopiladas a lo largo de los años son impactantes y reflejan una realidad que nos exige actuar con prontitud y eficiencia", advirtieron.

En cuanto a cifras de la región, durante 2023 un total de 501 personas estuvieron en prisión preventiva y fueron absueltas o no condenadas tras haber pasado por el sistema judicial. "Estas cifras nos muestran la magnitud del desafío que enfrentamos", explicaron los Defensores Regionales.

Actualmente, el "Proyecto Inocentes" cuenta con 77 casos destacados en su sitio web, de los cuales 26 corresponden a la Región Metropolitana, con 38 personas inocentes involucradas. Las causas de error en estos casos son variadas, incluyendo identificación errónea, mala conducta de agentes del Estado, declaraciones falsas, confesiones falsas, errores periciales y mala conducta del defensor.

La cuenta pública participativa de ambas Defensorías Regionales Metropolitanas se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de San Miguel y participaron más de 150 personas, entre autoridades invitadas, parlamentarios, directivos de la Defensoría Penal Pública y defensoras o defensores públicos, entre otros.

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