Sala de Prensa

02/06/2009

Rehabilitación juvenil

Carta publicada en La Segunda, ayer 1 de junio, escrita por el Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno Holman.

La preocupación expresada por el senador Jaime Orpis respecto a la subutilización de los centros de rehabilitación de drogas  es plenamente justificada. Sin embargo se equivoca en la identificación de las causas. Decir que ”la Defensoría no tiene incentivos para reinsertar a los jóvenes” porque las defensas se licitan a privados en que lo que prima “es que se terminen los casos para que les paguen” porque “no se interesan por el futuro del joven” constituye un desconocimiento básico.

Por definición institucional, como apuesta por la defensa especializada en una justicia juvenil,  todos los menores son defendidos por defensores penales públicos juveniles, no licitados. Así, el supuesto interés económico en desmedro de la rehabilitación no existe. Y aunque defensores licitados asumieran defensas juveniles, las causas se pagan al momento de dictarse la sentencia, por lo que incorporar esta sanción no tendría ningún efecto en el pago.

La decisión de la sanción accesoria le corresponde al juez, quien resuelve con los antecedentes entregados por fiscal y defensor, según las solicitudes expresadas por el órgano persecutor. La decisión del centro en el que se cumplirá la sanción depende del coordinador judicial de Sename, figura surgida a instancias de la Corte Suprema.

El senador no precisa, en cambio, un aspecto central de la subutilización de los centros: cuando se trata de jóvenes mayores de 18 años, la fiscalía sólo está dispuesta a comprometer rehabilitación en lugar de reclusión directa si se trata de infractores primerizos por delitos de baja entidad. Son así cientos los jóvenes que han cometido delitos graves, como robo con intimidación, que son descartados como receptores de este beneficio, que ciertamente podría sacarlos del mundo del delito.  

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