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17/06/2009

Presentó la primera solicitud chilena ante la Seremi de Justicia: Defensoría solicitó transferencia de condenados bolivianos

La solicitud contiene la voluntad de tres condenados bolivianos que actualmente están internos en Calama. La idea es dar cumplimiento al Convenio de Transferencia firmado por ambas naciones en el 2001.

Por primera vez desde que en el 2001 se ratificara el tratado sobre transferencia de personas condenadas entre la República de Bolivia y la República de Chile, la Defensoría Regional de Antofagasta presentó formalmente una solicitud de tramitación ante la Secretaría Regional de Justicia, entidad que ahora debe derivar los antecedentes al Ministerio del ramo y, éste, a la Cancillería chilena.

La solicitud contiene la voluntad de tres ciudadanos bolivianos que están cumpliendo condena en la cárcel de Calama. Allí expresaron a su defensor Hernán Díaz Verdugo la intención de ser trasladados a Bolivia para terminar allá la pena que les impuso el estado chileno por la comisión de delitos.

Al recibir esta comunicación, el defensor se contactó con la cónsul de Bolivia en la provincia El Loa para que sirviera de ministro de fe de la voluntariedad de la solicitud y, a partir de ello se activó un intrincado sistema que considera la verificación de los antecedentes personales de los solicitantes ante las entidades oficiales chilenas y bolivianas, la comunicación a los recintos penitenciarios que puedan o no recibirlos en Bolivia y, en general, una serie de trámites que de resolverse positivamente, darán vida a la primera transferencia de personas condenadas entre ambos países.

La carpeta que contenía los antecedentes de cada uno de las solicitudes fue entregada por el asesor jurídico de la Defensoría Regional, Ignacio Barrientos Pardo en la secretaría de la seremi de Justicia. Hasta allí llegó acompañado de la Jefa de Estudios de la defensa, Loreto Flores Tapia y dejaron las copias de rigor de cada uno de los legajos que contienen la expresión de voluntad de los condenados, el acta del consulado ratificando la solicitud, los antecedentes personales de cada uno de ellos y las copias de las sentencias ejecutoriadas en cada caso.

Un desafío

La presentación de esta primera solicitud para la aplicación del Tratado sobre Transferencia de Personas Condenadas entre la República de Bolivia y la República de Chile es la materialización de muchas gestiones que previamente puso en marcha la Defensoría Regional de Antofagasta, la que viene analizando el tema desde el año 2006 conjuntamente con los consulados de Bolivia en Antofagasta y Calama. De hecho, este año, al surgir las solicitudes de estos tres ciudadanos bolivianos,  el Defensor Regional de Antofagasta, Pedro Casanueva Werlinger invitó a los representes diplomáticos de Bolivia en la región a estudiar cada uno de los aspectos de relevancia del tratado y la viabilidad del trámite. Dicha reunión se desarrolló en mayo y contó con la participación de Guillermo Romero Gemio, Cónsul de Bolivia en Antofagasta y la cónsul en Calama, Irma Herrera Ramos.

En este sentido, el Defensor Regional, Pedro Casanueva destacó que el camino para llegar a  la presentación de estas solicitudes no ha sido breve ya que en muchas oportunidades debieron reunirse con distintos estamentos para aclarar aspectos sobre la operatividad del tratado ya que es la primera vez que se efectúan todos los trámites desde la Defensoría y “realmente representa para nosotros un gran desafío que esperamos sea coronado por el éxito. Todas estas y otras acciones emprendidas por la institución se relacionan fundamentalmente con el tema penitenciario, en el que nuestra labor es hacer todo lo posible por elevar la calidad de vida de quienes deben cumplir penas privados de libertad; si estos ciudadanos desean estar más cerca de sus hogares y sus familias en el cumplimento de sus sentencias, nuestra obligación es procurar nuestros mejores esfuerzos para que así sea, siempre respetando el marco legal”, puntualizó.

Asimismo, Casanueva refirió que “la aplicación de estos tratados humanizan la prisión y no puede ser entendida como una fórmula para descongestionar nuestros recintos penales, aquí estamos abogando por las garantías y derechos de las personas, independiente de sus nacionalidades, condiciones o diferencias”, resaltó Casanueva y destacó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Defensora Nacional quien ha manifestado su interés en la aplicación de estas normativas internacionales.

En cuanto al procedimiento, el tratado establece que todos los condenados bolivianos en Chile y los chilenos en Bolivia deben ser informados de la existencia del mismo, si existiera alguna solicitud, debe ser formalizada y presentada oficialmente ante la autoridad de justicia de cada país o región, que en el caso es la secretaría regional ministerial de Justicia. A partir de este punto corresponde a la seremi de Justicia hacer llegar los antecedentes vía Ministerio a la Cancillería, donde se analizará si los solicitantes cumplen con los requisitos que establece el propio tratado, en cuanto a su nacionalidad y el tipo de delito por el cual fue condenado. De igual forma, es cuestión de análisis el tiempo que resta para el cumplimiento de la condena, que no puede ser inferior a seis meses y si el consentimiento que ha dado el condenado para su traslado sea libre e informado. En todas las etapas del proceso el condenado debe conocer el estado de su solicitud y los trámites no deben tener costo monetario.

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