Sala de Prensa

11/08/2009

Más política social o criminal

Columna del Defensor Regional de Antofagasta, Pedro Casanueva Werlinger.

Nuevamente el debate en los medios e comunicación se da en torno al aumento de penas, a la idea de la puerta giratoria, a responsabilizar a los jóvenes a una  edad más temprana, a considerar el retorno de una pena  bárbara y cruel, como es eliminación física por parte del Estado de un individuo.

Cuantas veces estudiosos serios del derecho, como Winfred Hassemer, nos recuerdan que el Derecho Penal es un derecho peligroso, por la manera como afecta a los individuos y a la comunidad en general, tanto en las etapas de  la investigación como a la hora de la decisión final del proceso penal. Las herramientas con que cuenta son muy intensas: allanamientos, detenciones, privación de libertad, interrogatorios, secuestro de bienes, multas, exámenes biológicos y corporales, incomunicación de las personas, privación de libertad como condena penal, etc. Estas y otras características hacen razonable y exigen un proceso de reflexión serio y profundo antes de introducir reformas y crear nuevas tipos penales o aumentar las penas o restablecer otras que creíamos abandonadas por un convencimiento ético de la sociedad en su conjunto.

El caso de Cristóbal y de otros jóvenes no pueden ser el pretexto para lograr estos objetivos, de dudosa eficacia y que solo pueden explicarse  en la lógica de creer  que el derecho penal debe ser la respuesta  a las incapacidades que como sociedad no  queremos asumir respecto de lo que nos falta por hacer con nuestros niños y jóvenes.

La política criminal no puede sustituir a la política social. Los esfuerzos de programas como” Chile Solidario”,” Chile crece contigo” y otros, indican el camino por cual el país debe seguir avanzando. Ello implica reconocer que el Estado debe tener una presencia y una iniciativa mayor en cuestiones tan esenciales como la protección de la infancia y adolescencia vulnerable. Es necesaria una institucionalidad fuerte, dotada de recursos que permita disponer de  más profesionales capaces de desarrollar programas individualizados  que integren también  a la familia y  a la escuela.

Tenemos un proceso penal eficiente y un procedimiento de  responsabilidad penal  adolescente que funcionan adecuadamente. No se requiere más énfasis en  política criminal, dejemos que la protección social avance hacia estos  sectores y ampare a niños como Cristóbal y a muchos otros más  cuyos nombres e historias  desconocemos.

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