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Jaime Camus, Defensor Regional de Coquimbo: "En las sentencias absolutorias se aprecian claros errores en la investigación"

05/08/2009

Jaime Camus, Defensor Regional de Coquimbo: "En las sentencias absolutorias se aprecian claros errores en la investigación"

De 104 personas que resultaron absueltas el año pasado, 30 estuvieron en prisión preventiva, dijo durante la cuenta pública de la gestión 2008.

190 personas atendidas por la Defensoría Regional de Coquimbo desde su creación en el año 2000 y que resultaron absueltas en juicios orales, permanecieron en prisión preventiva durante el proceso de investigación en su contra.

Este fue uno de los relevantes datos que presentó a las autoridades regionales y locales el Defensor Regional, Jaime Camus del Valle, durante la cuenta de gestión pública correspondiente al año 2008 y que como novedad por primera vez se desarrolló fuera de La Serena, en esta ocasión, en la ciudad de Ovalle.

Camus planteó que mayoritariamente en los casos de sentencia absolutoria se aprecian factores de error en la investigación que determinan el resultado como identificaciones erróneas por parte de testigos, limitaciones de la ciencia que impiden una investigación adecuada, confesiones falsas o forzadas, malas prácticas de funcionarios policiales, presiones ilegítimas, testigos anónimos y por qué no, inadecuada prestación de la defensa o debilidad en la proactividad de la misma. “Lo cierto es que de 104 personas que resultaron absueltas el año pasado, 30 estuvieron en prisión preventiva” dijo Camus.

Sobrecarga de demanda

En su discurso, Camus sostuvo que el año 2008 ingresaron 12.532 imputados, un 25% más en comparación al año 2007, que alcanzó a 9.464 personas, añadiendo que en términos de edad, 11.178 eran adultos -mayores de 18 años- y 1.354 adolescente –entre 14 y 18 años-.

Añadió que esta situación se debe al incremento sostenido en la judicialización penal por parte del Ministerio Público que delega a los tribunales la responsabilidad de pronunciarse sobre las denuncias. “El Ministerio Público ha prescindido de su facultad de archivar asuntos que tienen mal pronóstico, dejando a la instancia judicial estas decisiones con la consiguiente recarga del sistema en su conjunto y dejando detenidas a estas personas para ser liberados en el tribunal” enfatizó.

El Defensor Regional manifestó que los defensores penales han tenido una excesiva sobrecarga en la demanda, pero que pese a este panorama han obtenido grandes resultados en su anhelo de garantizar un buen servicio, lo que se vio reflejado en que el 2008 obtuvieron un 22% de sentencias absolutorias en juicios orales, un 57% de las condenas fueron menores a las solicitadas por el ministerio público y un 11% resultaron iguales o mayores a las solicitadas por el dicho organismo.

Medidas cautelares

Jaime Camus resaltó que en el caso de la prisión preventiva, la más gravosa de las medidas cautelaras y que el año pasado se aplicó a 476 personas, en 21 casos se decidió aplicar la facultad de no perseverar por parte de los fiscales y en 7 se aplicó el principio de oportunidad, lo cual significa que en ellos ni siquiera era necesaria la intervención de un juez para establecer que era innecesaria la prisión preventiva.

Agregó que la más frecuente fue la de presentarse ante Juez u otra autoridad, con un 25%; la prohibición de acercarse a la víctima, con un 16%; la detención por orden judicial, con un 15%; y la prisión preventiva con un 12%. “Con estas cifras puede afirmarse que como sociedad pretendemos no sólo forzar sino abusar del derecho penal y de las penas como mecanismo predominante en la solución de conflictos ya que como se ve la mayor parte de los delitos perseguidos son de poca gravedad o bagatela”, apuntó.

Estadísticas

A nivel regional, el delito mayor frecuencia es el hurto con un 11%; seguido por las amenazas contra personas y propiedad con un 10%; las lesiones menos graves con un 9%; la conducción en estado de ebriedad con un 7%; y finalmente las lesiones leves con un 6%.

Por otra parte, la principal forma de término durante el 2008 fue la suspensión condicional con un 28%, seguida por la sentencia condenatoria con beneficio y el principio de oportunidad, ambos con 11% de incidencia.

Anhelada autonomía

Por último, el Defensor Regional volvió a insistir en la ansiada autonomía argumentando que de concretarse la Defensoría Penal Pública podría garantizar el debido equilibrio en el proceso penal, permitiendo contrarrestar o equilibrar la persecución penal. “Seríamos la voz independiente para denunciar las condiciones en que se encuentran hombres, mujeres y jóvenes privados de libertad, señalando las necesidades concretas de planes de intervención que posibiliten la reinserción de estas personas a la comunidad”, sentenció.

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