23/10/2009
Una iniciativa que debe ampliarse
La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional de Antofagasta, Pedro Casanueva, fue publicada ayer por el diario El Mercurio de esa ciudad.
Desde hace unos dos años a la fecha operan en la región los llamados Tribunales de Tratamiento de Drogas, una alternativa de rehabilitación cuya particularidad está dada por la opción que se da a aquellos imputados que presentan signos de dependencia a estupefacientes. En el marco de un proceso penal, los beneficiados por este programa de intervención terapéutica deben aceptar como condición para la suspensión del procedimiento su sometimiento a un tratamiento de rehabilitación por consumo abusivo de este tipo de substancias. Este programa se ha podido sostener en Antofagasta y en otras regiones gracias al aporte y al entusiasmo del CONACE, jueces, fiscales y defensores, de cara a la posibilidad de la rehabilitación, reclamada dramáticamente en algunos casos por los propios imputados o sus familias, todos quienes colaboran y contribuyen a este tipo de salida. Desde el origen de esta iniciativa, la Defensoría Penal Pública ha sido actor clave en su funcionamiento y desarrollo en el tiempo. Firmamos como institución el acuerdo marco a nivel nacional con la Corte Suprema, la Fiscalía Nacional y el CONACE. Sin embargo, siempre hemos sostenido que estas intervenciones deben recoger las experiencias internacionales, desde donde vienen estos programas, las cuales apuntan a delitos de mayor gravedad y reconocen la posibilidad de incorporar a reincidentes. Sólo Tribunales de Tratamientos de Drogas enfocados a delitos muy menores como meras faltas, hurtos simples o amenazas no producirán nunca el impacto que se pretende, esto es disminuir la reincidencia por parte de quienes cometieron una infracción penal por causas asociadas al consumo de drogas. Esto parece central para asegurar el compromiso de la Defensoría Penal Pública con este programa. Es necesario focalizar nuestros esfuerzos y recursos hacia el reconocimiento de la experiencia internacional en esta materia, de lo contrario muy poco justificaría que la Defensoría Penal Pública continúe apoyando esta iniciativa, que hasta ahora ha tenido muy poco impacto en la región y en el país.
Pedro Casanueva Werlinger, Defensor Regional de Antofagasta.
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