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Viejos Resabios

26/11/2009

Viejos Resabios

Columna de Loreto Flores Tapia, Jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta.

El día lunes se publicó en El Mercurio de Antofagasta, la alarmante noticia que 73 Antofagastinos, imputados por un delito y que fueran absueltos de sus cargos, estuvieron en algún momento sometidos a prisión preventiva. Algunos por un breve periodo y otros durante toda la tramitación de sus causas.

Lo anterior no es sólo un reflejo de la realidad jurídico penal de esta región, sino una tendencia a nivel nacional. La Defensoría Nacional a propósito de su última cuenta, señaló que del 100% de las personas que habían sido absueltas durante el año 2008 al 21% de dichos imputados se les decretó prisión preventiva.

Lo anterior, refleja que uno de los principios introducidos por la reforma procesal, esto es, que la privación de libertad como medida cautelar debía ser aplicada sólo para casos muy graves y en todo caso con carácter excepcional, no ha logrado consolidarse como una práctica en nuestro sistema. Dicha afirmación la podemos formular sobre la base de datos empíricos.

Si bien, una lectura simple de aquello sería la de “culpar” a los fiscales y jueces; a los primeros por solicitar una prisión preventiva en casos que, eventualmente, por las características de la persona del imputado/a no fuese necesario o, en el segundo caso, a los jueces, por decretar dichas medidas pero, lo cierto es que la situación resulta más compleja. Qué ocurre cuándo se imputa un hecho grave a una persona y ésta no queda sometida a la prisión preventiva. Cuáles son los reclamos que se levantan contra ese juez o fiscal. La opinión de la comunidad es también alarmante; los delincuentes parecen andar sueltos.

Y es que resulta difícil manejar una sensación que se instala, en la cual se deja ver que el sistema es más blando con los “delincuentes”. Estas cifras demuestran lo contrario. Por ello es importante que cuando se analice un caso determinado, también se haga a la luz del sistema en el cual opera, en otras palabras, tener más confianza en nuestras instituciones y no considerar que si una persona es imputada por un delito y no queda sujeta a prisión preventiva, ello es consecuencia de un sistema que privilegia a los delincuentes sino que a esa persona le beneficia la presunción de inocencia. Ya sabemos que a 73 no delincuentes no los privilegió este sistema tan garantista.

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