Sala de Prensa

15/01/2007

TRIBUNA: La inviable propuesta del fiscal Armendáriz

Leonardo Moreno, defensor regional Metropolitano Norte (La Nación, lunes 15 de enero de 2006).

No debe extrañar el amplio rechazo que generó la propuesta del fiscal regional Xavier Armendáriz para que el Ministerio Público tenga su policía y equipos periciales, al margen de Carabineros, Investigaciones y el Servicio Médico Legal. La oposición a su idea no sólo responde a los argumentos de que existen prioridades mayores en la destinación de los siempre escasos recursos fiscales. Lo central es que el mencionado planteamiento afecta principios de la reforma procesal penal.

El nuevo sistema se funda en un procedimiento adversarial, donde una de las partes litigantes es el Ministerio Público. Más allá de las declaraciones de anhelos, todo juez y defensor que ha participado en una audiencia o juicio oral sabe que el fiscal no es un actor imparcial, sino una parte que actúa según los intereses de su institución. Cuando un fiscal resuelve encausar a un imputado, su objetivo es condenarlo. No sólo eso. También, que el tribunal aplique un castigo que tenga un grado de dureza que se ajuste con los criterios del organismo persecutor. La policía, en tanto, es la encargada de investigar los hechos recopilando evidencia.

¿Es lógico que este elemento investigador esté subordinado a uno de las actores del proceso? La contraparte se sentiría cuando menos en desventaja en la litigación. La experiencia internacional revela que este tipo de esquema, donde existen estadísticas de eficiencia, reconocimientos e incentivos, se presta para que más de algún policía empiece a hacer su labor considerando más tener contentos a su superior -la fiscalía- que en indagar de forma objetiva. Otro tanto ocurre con los peritos: en un debido proceso, las averiguaciones técnicas e independientes tienen alto valor probatorio. Si vienen de una de las partes, podrían ser cuestionadas por la otra, debido a su dudosa imparcialidad. De instalar un sistema como el propuesto, a la larga, la credibilidad de los peritos resultaría dañada.

Al conocer las pretensiones del fiscal Armendáriz alguien podría pensar que hoy la policía se conduce de manera autónoma. Lejos de eso, Carabineros e Investigaciones lo hacen bajo la dirección de los fiscales, quienes tienen todas las atribuciones para fijar las prioridades y ritmos de una investigación. Ahora, si tras la propuesta hay un cuestionamiento a la eficiencia investigativa a causa de problemas de coordinación, los fiscales tienen herramientas legales para ordenar el funcionamiento que más les acomode.

El artículo 79 del Código Procesal Penal dice expresamente que el órgano auxiliar de los fiscales en sus diligencias indagatorias es la Policía de Investigaciones, cuyos funcionarios son formados en esencia para la investigación del delito. Ése es el brazo policial de la fiscalía y si se busca más eficiencia hay que potenciar a esa institución.

Como segunda opción, la ley permite al fiscal disponer que Carabineros -policía esencialmente preventiva, no investigativa- cumpla con diligencias de investigación. La experiencia revela que muchas veces la capacidad de los detectives no es utilizada y se opta por la policía uniformada.

El resultado es la conocida competencia, en que Carabineros gasta enormes recursos para infraestructura y personal destinados a la investigación, en lugar de invertir en lo que más se le pide a esa institución: presencia preventiva en las calles. Así las cosas, ¿es necesario un tercer cuerpo policial?

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