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15/01/2010

Gestiones de la Defensoría Regional del Biobío permitieron a 16 imputados siquiátricos recuperar su libertad en 2009

Se trata personas internadas en la unidad de Siquiatría Forense del Hospital Regional de Concepción, que se beneficiaron del trabajo conjunto entre la institución y los encargados de salud de ese recinto.

Estar privado de libertad cuando se comete un delito es un castigo que cuesta asumir, que tiene costos incalculables para quien lo experimenta y que ciertamente deja huellas. Pero qué pasa con aquellas personas que están privadas de libertad, pero no en una cárcel tradicional, sino que cumplen una medida de seguridad impuesta por un tribunal. Es el caso de quienes padecen algún tipo de enfermedad siquiátrica y que en esa condición han cometido algún delito. Lamentablemente, estas personas suelen ser las más olvidadas del sistema de aplicación de justicia. Y las razones son varias: por un lado se combina una falta de conocimiento en materia penal, sumado a los vacíos que tiene la política pública de salud en esta área y a la falta de preparación e interés de muchas familias por hacerse cargo de un enfermo mental. En síntesis, un saldo pendiente. Asumiendo esto, la Defensoría Regional del Biobío inicio un silencioso y delicado trabajo el año pasado, con el propósito de cumplir con la labor de entregar asesoría jurídica a todas las personas. Y reconociendo aún omisiones y mucho por hacer, Pelayo Vial (a la derecha en foto exterior) y María Cristina Melgarejo (a la izquierda en foto interior), profesionales de la Unidad de Estudios, más la asistente social Gabriela Soto (derecha en foto interior), de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa, comenzaron a recopilar la información sobre el estado judicial en el que se encontraban los usuarios de la DPP que se mantenían internados en la Unidad de Psiquiatría Forense del Hospital Regional de Concepción. En mayo de 2009 la cifra de imputados psiquiátricos llegaba a 22 personas. Se revisó uno a uno su situación, se contactó a sus defensores y también hubo un acercamiento a sus familias. Pero también se inició un trabajo conjunto con los médicos de la unidad hospitalaria, que en definitiva tenían la custodia y el tratamiento de estos pacientes.

UN CAMINO Lenta pero firmemente, el trabajo comenzó a rendir frutos: se solicitaron audiencias, los especialistas emitieron informes, hubo visitas al hospital y familias que por distancia y falta de recursos no podían saber de la suerte de los suyos pudieron enterarse de su situación. Era una cuestión de dignidad y de justicia, porque las personas que están más solas y con carencias de todo tipo son los enfermos siquiátricos. Gracias al apoyo de los médicos de la unidad se pudo conseguir entonces espacio para ellos en hogares protegidos, una modalidad terapéutica muy poco conocida, pero de gran ayuda para poder compensar a un par de estos particulares imputados. Así, a los largo del año recién pasado y tras vencer muchas aprensiones se logró dar de alta del Hospital Psiquiátrico de Concepción a 16 personas, que volvieron con sus familias y terminaron con internaciones demasiado largas y sin justificación alguna. Este trabajo continuará este 2010, buscando afianzarse y cambiar el extendido paradigma de que los discapacitados mentales no son personas y no tienen derechos, mostrando así las falencias que hay que superar para su integración social, pero colocando de paso sobre la mesa un tema del que como país debemos hacernos cargo.

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