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Arena, sol y control de identidad

17/02/2010

Arena, sol y control de identidad

La siguiente columna de opinión, escrita por Gabriel Miranda Varas, abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de O'Higgins, fue publicada hoy en el diario El Rancagüino.

Verano, vacaciones y descanso. Tres palabras que se nos vienen a la mente en esta época, en la que tratamos de descansar, desconectarnos del yugo del trabajo, de la rutina doméstica. En otras palabras, es la oportunidad de descansar y ser libres. Y justamente de la libertad les quiero hablar. Nuestra ley fundamental -la Constitución Política- nos señala que nacemos libres e iguales, que gozamos del derecho a la libertad personal y que, por lo tanto, podemos residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarnos de un lugar a otro, entrar y salir del territorio nacional, viajar, pasear, turistear y disfrutar -obviamente- respetando las normas establecidas por la ley.

Este derecho a la libertad personal es fruto del arduo trabajo de quienes lucharon y enarbolaron las banderas de la libertad, igualdad y fraternidad en la Europa del siglo XVIII, triunfo que quedó plasmado de manera magistral en la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789.

Con esta tremenda herencia que hemos recibido, haciendo uso de mi derecho a ir donde se me dé la gana, con quien quiera, sin tener que darle explicaciones a nadie, salvo a mi conciencia, me encuentro sorpresivamente con un control policial a la entrada de Pichilemu. Era el viernes en la tarde cuando un funcionario de la PDI hizo detener mi vehículo y me informó que realizaría un “control de identidad”.

Tal vez esto parezca normal para quienes han ido a este balneario, porque pareciera que es un procedimiento de rutina y que está amparado por la ley. Sin embargo, parece que en este lugar no rige el artículo 85 del Código Procesal Penal, el que contiene los requisitos para que un funcionario policial pueda hacer un control de identidad, vale decir, solicitarle a una persona que muestre sus documentos para proceder a su identificación.

Según el cuerpo legal, este procedimiento sólo se permite en casos fundados, en que según las circunstancias, “estimaren los policías de que existen indicios de que el controlado: 1.- hubiere cometido un delito; 2.- se dispusiere a cometerlo; 3.- que pudiere suministrar informaciones para la indagación de un hecho delictual, o 4.- que el sujeto se emboce o encapuche para ocultar su identidad”.

Rápidamente en mi mente hice un repaso a estos requisitos y los comparé con mi circunstancia… Nada anormal: venía llegando en auto, sobrio, sin que nadie me persiguiera, sin portar un arma hechiza, sin transportar droga, sin ir mirando pornografía infantil, sin usar un pasamontañas. Es decir, sólo conduciendo un automóvil de mi propiedad, acompañado de mi suegro.

Ante este escenario, antes de entregar mis documentos le pregunté al detective cuál era el indicio que fundamentaba este control de identidad, (obviamente no lo había). También le dije que era el defensor penal público de turno y que me parecía que ese intento de control de identidad no se ajusta a lo que dice expresamente la ley, es decir, era ilegal.

Obviamente me dejó continuar. Pero llegué con un mal sabor en la boca y la sensación de que me trataron de quitar por un momento mi herencia libertaria. Mi suegro no entendió nada, ya que encontró correcto el proceder policial, por lo que le expliqué el riesgo de que sucumbamos ante un discurso de ley y orden, de hacernos creer que la delincuencia es un monstruo que nos devorará y que la solución a la delincuencia está en instaurar una mano durísima, con dictación de leyes que acarreen la restricción de nuestras libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones, la libertad ambulatoria, etc.

Lamentablemente me enteré que estos controles de identidad van más allá, que funcionarios de la PDI suben a los buses y micros a efectuar este procedimiento a todos los pasajeros, mientras sus perros los olfatean junto a sus equipajes, cuestión que -por decir lo menos– es aberrante e indigna, pero que también tiene que ver con la capacidad de aguante de los ciudadanos y la ignorancia de sus derechos.

Percibo con temor que como sociedad comenzamos a mirar con simpatía este tipo de medidas que en pos de la seguridad nos hacen renunciar a nuestras libertades, tal como ocurrió en Alemania en los años ‘30, cuando surgió Hitler y el partido Nazi como la solución a los problemas del pueblo alemán, con el resultado que todos conocemos. Se traduce en el fondo que la Libertad, Igualdad y Fraternidad se conviertan en Represión, Desigualdad y Sectarismo. Yo no estoy dispuesto a renunciar a mi herencia y la quiero defender, porque quiero que mis hijos crezcan en un país que ponga en primer lugar al ser humano y su dignidad, por sobre cualquier otra cosa.

Por Gabriel Miranda Varas, Abogado Unidad de Estudios, Defensoría Regional de O’Higgins.

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