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Defensor Regional de Tarapacá destaca pronunciamiento del Tribunal de Garantía de Iquique

07/05/2010

Defensor Regional de Tarapacá destaca pronunciamiento del Tribunal de Garantía de Iquique

El juez Ricardo Leyton declaró ilegal la detención de 4 personas, entre ellas dos menores, fundada en una audiencia de control de detención sin parte policial ni certificado de constatación de lesiones.

“Me parece preocupante que un fiscal llegue a una audiencia sin los antecedentes necesarios que justifiquen una detención y con personas que presentan lesiones”. Con ese énfasis comentó el Defensor Regional de Tarapacá, Arturo Zegarra Williamson, un pronunciamiento del Juzgado de Garantía de Iquique, que declaró ilegal la detención de 4 personas acusadas de robo en el domicilio de un sargento de Carabineros.

De acuerdo con lo que se revisó en la audiencia de control de detención, dos adultos y dos menores habrían sido sorprendidos alrededor de las seis y media de la mañana con especies recién sacadas desde el domicilio del policía. El dueño de casa se habría percatado minutos después del robo y dio la alarma que activó un rápido operativo, que culminó con la intervención de los uniformados en una vivienda en donde se introducía el botín, según el relato del fiscal Patricio Llancamán.

Ante el juez Ricardo Leyton, los defensores penales públicos Juan García y Cristian Calvo alegaron que el Ministerio Público sólo justificaba las detenciones con el relato del propio fiscal sobre los hechos y con las actas de lectura de derechos de los imputados. De hecho, no acompañó ni un parte policial ni el registro de atención de urgencias en que se constataran las visibles lesiones que presentaban los detenidos.

Ante este caso, Zegarra destacó que “una situación de esta naturaleza justifica el trabajo de la Defensoría Penal Pública. Esto simboliza lo que siempre hemos señalado: somos una institución que controla el abuso que se pueda ocasionar. En el fondo, se trata de elevar el estándar de prolijidad de quienes tienen la obligación –entregada por el Estado– de actuar en protección de la sociedad”, aseguró.

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