Sala de Prensa

03/06/2010

Sin defensa no hay justicia

La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional de Tarapacá, fue publicada en el diario La Estrella de Iquique.

El lema institucional de la Defensoría Penal Pública, con que se encabeza esta columna, ha tenido un significado real y concreto para seis personas iquiqueñas que estaban privadas de libertad por varios meses. Ellas obtuvieron su libertad luego que fueran declaradas absueltas en sus respectivos juicios orales.

Se trata de seis ciudadanos a quienes se les privó de su libertad mediante una resolución judicial de un juez de garantía, quien consideró necesario decretar esa medida cautelar no obstante favorecer a los imputados la presunción de inocencia. A la luz de los resultados de los juicios orales, es fácil advertir lo grave que ha sido para estas personas haber estado encarcelados siendo inocentes. Casos como estos justifican la existencia de un organismo público como la Defensoría Penal Pública y nos deben llevar a reflexionar sobre el tema.

No parece prudente pensar que la incorporación de la defensa penal sea una actitud ingenua, o que sea signo de debilidad frente a la delincuencia, ni que se privilegie a los delincuentes por sobre las víctimas. Es, por el contrario, una exigencia de legitimidad y de eficiencia de un Estado moderno y democrático.

Un sistema estatal que no otorgue garantías y actúe con la sola aplicación de la fuerza, convierte al delincuente -al fin de cuentas- en una víctima de ese Estado, y consecuencialmente priva a los órganos persecutores de la legitimidad necesaria para actuar.

En este orden de ideas, se debe entender que la existencia de defensa penal financiada con recursos públicos, acrecienta, legitima y hace eficiente  la respuesta que un Estado democrático de derecho deba dar a la criminalidad y no sólo por la posibilidad de disminuir errores, como lo que claramente ocurrió en Iquique, sino más allá de aquello, es por la dignidad política y ética al hacer efectivo el derecho a defensa que tiene cualquier ciudadano.

Un Estado que carece de legitimidad para hacer uso de la fuerza en contra de los que quebrantan la ley es débil, porque la persecución penal aparece como arbitraria e injusta, trastocándose valores. La parcialidad, la arbitrariedad y la carencia de legitimidad traen como consecuencia una reacción ciudadana que se revela ante la injusticia y permite que los victimarios pasen a ser víctimas del sistema, generando más violencia. La violencia no se combate con más violencia, sino con el uso de la razón y es ésta la que nos indica los caminos a seguir. Ella nos dice que sin defensa no hay justicia.

Por Arturo Zegarra Williamson, Defensor Regional de Tarapacá.

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