Sala de Prensa

02/07/2010

Defensor Regional de Arica y Parinacota llamó a respetar la interculturalidad en el ámbito judicial

En su cuenta pública 2010, Claudio Gálvez dijo que hay "experiencias que nos exigen esmero en cuidar que prejuicios y desprolijidad" no resulten en injusticias.

Destacando un enfoque intercultural y la necesidad de una autonomía garantizada por ley para la labor de la defensa penal pública, el Defensor Regional de Arica y Parinacota rindió su Cuenta de Gestión correspondiente al periodo anual 2009. El abogado Claudio Gálvez Giordano también resaltó que su entidad cumplió en un 99,9 por ciento las metas de gestión presupuestaria del período y llamó la atención sobre las estadísticas de judicialización, según las cuales los delitos de lesiones y los relacionados con la Ley de Tránsito son los más frecuentes en la zona.

Estos conceptos fueron expuestos durante una ceremonia cumplida en el Salón de Eventos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Tarapacá, acto que presidió el intendente regional (S) y gobernador provincial de Parinacota, Enrique Gaspar Ramos, a quien acompañaron Seremis, jefes de servicios públicos y representantes de las Fuerzas Armadas y del Orden. También estuvieron presentes representantes de las etnias Aymara, Quechua y Mapuche, además de afrodescendientes y dirigentes vecinales de Arica.

INTERCULTURALIDAD Gálvez detalló que en la región viven integrantes de todos los pueblos originarios de Chile y de otros dos grupos étnicos, de modo que en su trabajo diario, los defensores públicos deben cuidar “que la mirada sesgada desde el prejuicio y la ceguera ante la visión intercultural no se trasladen al ámbito jurídico penal (…) tenemos habitualmente experiencias que nos exigen esmero en cuidar que los prejuicios y desprolijidad no resulten en actos funcionarios injustos”.

El Defensor Regional recordó que desde septiembre de 2009 rige en el país el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que “ordena a las autoridades y tribunales, en cuestiones penales, que  deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia, destacando que cuando se impongan sanciones penales deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales”.

Relacionado con este punto, Gálvez recordó que desde el año pasado está vigente un convenio entre la Defensoría Regional y la Gobernación Provincial de Parinacota, que “ha permitido acercar nuestro servicio a los habitantes de la provincia altiplánica”

GARANTIA DE DERECHOS El mensaje del Defensor Regional también consideró “la necesidad de dar una voz de alarma y de cordura en estos tiempos en que la paranoia de la seguridad ciudadana aboga por la mano dura”. Sobre lo mismo, citó el reciente ejemplo del “obrero cesante Cristián López, quien fue detenido y preso debido a un reconocimiento que no cumplía los más mínimos estándares de razonabilidad. Se le exhibió como animal de circo por la prensa, siendo rotulado como ‘el violador de Ñuñoa’, para finalizar después siendo puesto en libertad y sobreseído ya que afortunadamente una prueba de ADN lo exculpó”.

Gálvez explicó que esa fortuna no fue la misma que tuvieron 639 personas de todo el país el año pasado -de las cuales 18 son de Arica-, quienes estuvieron en prisión por meses para que finalmente los tribunales reconocieran su inocencia. “Leyes más represivas y órganos persecutores con más facultades, y un énfasis puesto en la represión y no en la prevención y rehabilitación, significarán siempre más errores y más inocentes presos”, dijo Claudio Gálvez, quien estimó también que “si alguien es víctima de semejantes errores” debería tener “derecho a recibir una justa indemnización por parte de Estado”.

PRESUPUESTO El Defensor Regional puntualizó que la DPP regional contó el año pasado con un  presupuesto de 996 millones de pesos y  que su ejecución alcanzó al 99,9 por ciento, “nivel altamente satisfactorio”, que “da cuenta de una gran eficiencia conseguida por un equipo de trabajo conformado recién en marzo del mismo año”. En este plano, mencionó la adquisición de un inmueble en que se instalarán las dependencias de la Defensoría Regional y Local de Arica.

También destacó la realización de dos Plazas de Justicia en 2009, actividades en que se llegó a convocar a 11 servicios públicos más los consulados de Perú y Bolivia y un Notario Público. Ese conjunto de instituciones realizó más de 600 atenciones durante esas jornadas.

AUTONOMIA Sobre la demanda de autonomía institucional, planteó que “es preciso tener institucionalizada la protección, ante el riesgo de presiones políticas en el ejercicio procesal y también en el desempeño como institución pública, con miras a privilegiar exclusivamente los intereses de la ciudadanía en la protección de sus derechos”. Sobre este punto, Claudio Gálvez informó que "el gobierno ha expresado su apoyo, nos tiene trabajando coordinadamente con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y el apoyo del Legislativo, para poder concretar a la brevedad ese objetivo”.

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