Sala de Prensa

05/07/2010

Defensoría Regional del Biobío reitera preocupación por estado de las cárceles de la zona

A cuatro meses del terremoto y maremoto que afectaron a la zona centro sur del país, el Defensor Regional, Georgy Schubert, dijo a radio El Conquistador que la DPP no ha dado por superada la emergencia y sigue atenta a las condiciones de encierro de los reclusos.

Haciendo un balance de las gestiones realizadas por la Defensoría Penal Pública respecto de la situación de los reclusos de las cárceles de la región del Biobío tras el terremoto, todo indica que la preocupación expresada ha caído en tierra fértil, porque  los medios de comunicación han recogido ampliamente el interés de la institución por mejorar las condiciones de encierro de condenados e imputados tras la catástrofe.

Y razones sobran para esta tarea: la destrucción de las cárceles de Chillán y de Los Ángeles, sumada a los severos daños que sufrió la cárcel El manzano en Concepción -todo por efecto del terremoto y la acción de los propios reclusos- obligó a trasladar a más de mil internos dentro y fuera de la región, además de poner anticipadamente en marcha el penal concesionado Biobío, aún antes de que estuviera completamente terminado.

Todo lo anterior explica por qué el Defensor Regional, Gerogy Schubert, fue invitado nuevamente al programa ‘Contrapunto’ de radio El Conquistador, para profundizar sobre este y otros temas, que en los últimos días han tenido a la DPP en el foco de la noticia.

En ese espacio, Schubert reiteró la necesidad de buscar fórmulas para que los trabajos y los recursos necesarios para intentar regularizar la situación de los penales en la región lleguen lo antes posible, “entendiendo que hay otras prioridades en la tarea de reconstrucción, pero que también son necesarios para la dignidad y seguridad de los propios internos y de quienes los custodian”.

No quedó fuera de la conversación -con el periodista Fernando Gutierrez- la voz de alerta que generó la formalización de cargos y la prisión preventiva sufrida por un inocente que fue acusado de violación en la capital, tema que ha sido otra de las preocupaciones constantes de la institución a lo largo de estos años.

Casos que comienzan de a poco a repetirse y que revelan la necesidad de acordar criterios y protocolos que permitan mejorar una diligencia tan importante como el reconocimiento que las víctimas de un delito pueden hacer de los eventuales autores del hecho, tema que puede terminar echando por tierra una investigación o, peor aún, dañando la vida de una persona para siempre.

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