27/07/2010
"La posibilidad de tener una mirada hacia la reinserción es fundamental" (*)
La Defensora Nacional, Paula Vial, valoró la propuesta de indulto y reafirmó la importancia de ser un ente autónomo, tras 10 años de vigencia de la reforma procesal penal en la región.
(*) La siguiente entrevista a la Defensora Nacional fue publicada el domingo 25 de julio en el diario El Día de La Serena.
La Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, tuvo una intensa agenda en la región. El viernes se reunió con un grupo de internos del penal de Huachalalume, se entrevistó con el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Juan Pedro Shertzer, y participó en la cuenta pública de la Defensoría Regional, entre otras actividades.
En entrevista con diario El Día, abordó diversas materias del quehacer penal y evidenció las aspiraciones de este organismo en cuanto a su funcionamiento institucional. Y es que tras 10 años de reforma procesal penal en la región, la autoridad estima que la Defensoría ha logrado madurez y ha destacado por ser un actor relevante en materia de protección de derechos de los imputados.
-¿Cuál es su postura sobre la propuesta de indulto de la Iglesia Católica para los condenados por delitos comunes?
-Es una iniciativa de una entidad que tiene una relación separada del Estado y que ahora el Gobierno, conociéndola en detalle, se va a hacer cargo de dar una respuesta. No nos hemos metido en ello, pero siempre la posibilidad de tener una mirada distinta hacia la reinserción, la rehabilitación y la entrega de oportunidades es fundamental. Es el equilibrio imprescindible para cualquier política persecutoria.
-¿Siguen siendo partidarios de lograr la autonomía del Ministerio de Justicia?
-Es una necesidad del sistema y una aspiración permanente. No tiene que ver sólo con mi gestión. Es uno de los pasos necesarios para que el sistema funcione adecuadamente. La Defensoría debe tener un estatus similar al Ministerio Público, porque somos la contraparte natural, porque protege y defiende los derechos de las personas más estigmatizadas y con menor voz, para lo cual es fundamental un espacio de independencia del poder político y del gobierno de turno.
-¿Ese anhelo se ve más acrecentado al considerar la visión que tiene el gobierno en materia de seguridad?
-Creo que la autonomía es fundamental. Cuando endureces las políticas, cuando resaltas el valor de la seguridad y de la necesidad de que haya incluso modificaciones legales, requieres como contrapeso de una institución fuerte que sea capaz de desafiar y equilibrar esa política. La ecuación entre seguridad y protección de derechos y garantías no tiene por qué ser contradictoria, no tiene por qué una ceder más en pro de la otra cuando a lo mejor no es imprescindible.
-¿Cómo vislumbra el anuncio presidencial de la creación de una defensoría de las víctimas?
-Ese es un tema que requiere de análisis y de discusión. Las víctimas tienen hoy un rol completamente distinto dentro del proceso, igual como la justicia en general ha cambiado. La Defensoría no defiende a delincuentes, sino a personas… entonces la protección y representación de las víctimas es fundamental. Y su situación, a partir de la reforma, es distinta a lo que pasaba en el sistema antiguo. Ahí eran una prueba o instrumento que gatillaba el inicio del proceso. Hoy, a partir de la reforma, tienen derechos, son un actor relevante y muchas de sus aspiraciones se han cumplido.
-¿Cómo han sorteado en la región la falta de defensores frente a la judicialización del Ministerio Público?
Una de las características de la reforma es que las decisiones institucionales impactan en el resto de los actores. Cuando hay nuevas salas, más jueces o políticas de la Fiscalía como el judicializar mayor número de causas, eso tiene un impacto, porque cada imputado nuevo exige legalmente la presencia de un defensor. El hecho de que haya una aspiración de mayor judicialización tiene evidentemente un impacto en las cargas de trabajo de los defensores. Los conflictos se pueden solucionar con propuestas más creativas y una mayor coordinación.
-¿Cuáles serían esas soluciones?
-Tiene que ver con la forma en que se distribuyen los jueces y la carga de trabajo que existe a lo largo del país. Hay muchos lugares donde hay menos jueces de los que debiera, y otras zonas donde la carga de trabajo de los magistrados es menor. Lo mismo puede ocurrir con los fiscales y defensores, estamos atentos a que la labor de los defensores sea equilibrada y hacer las gestiones para que las decisiones del resto de los actos se puedan enfrentar de manera eficiente por nosotros.
-Sobre la Ley Penal Adolescente, ¿cree que el tema pendiente es la rehabilitación?
-La justicia juvenil tiene una exigencia y una aspiración todavía incumplida. Requiere de especialización de los actores, de una mirada diferente, que todavía está pendiente y, por lo tanto, hacer exigencias de resultados a personas a quienes no les estamos entregando la respuesta adecuada es inadecuado e injusto. La justicia juvenil debiera ser un foco importante, pero no desde la mirada negativa de la delincuencia juvenil, que si uno mira las cifras no tiene nada de desatado ni de fenómeno inabordable. Tiene mucho que ver con las características propias de los adolescentes, exige un mayor esfuerzo como Estado. No hemos sido capaces de dar la respuesta a la relevancia que el problema requiere.
-¿No existe puerta giratoria en este segmento de la población? Hay menores de edad que quebrantan condenas o reinciden…
-Lo que tenemos es que en los delitos más graves las personas están privadas de libertad, y en ese sentido uno podría afirmar que el sistema ha sido más duro por la proximidad o los espacios que existen… En el caso de los jóvenes, la tarea no sólo es seguridad y endurecimiento, sino también de oportunidades reales de rehabilitación.
-¿Son partidarios de establecer una indemnización en los casos de imputados privados de libertad que finalmente son absueltos?
Cuando se ha afectado los derechos y garantías de las personas injustamente, y me refiero a personas que hayan estado privadas de libertad que resultan inocentes, el Estado -que asume la función persecutoria y la labor de investigación- debe hacerse cargo de aquello y dar una respuesta.
Por Roberto Miranda Ramírez,
Diario El Día de La Serena.
