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Corte de Concepción dejó en acuerdo fallo sobre utilización de testigos protegidos

07/09/2010

Corte de Concepción dejó en acuerdo fallo sobre utilización de testigos protegidos

Luego que el Juzgado de Garantía de Cañete excluyera la declaración de 36 testigos protegidos en causas por asociación ilícita terrorista, la controversia llegó a la Corte de Apelaciones de Concepción, la que este viernes dará a conocer su fallo.

Dos horas y 15 minutos de audiencia, ocho abogados litigando, tres jueces escuchando y mucha expectación. Así se pude sintetizar lo vivido la mañana del lunes en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Hasta ahí llegaron los abogados Pelayo Vial Campos y Ernesto Ochoa Cid, de la Defensoría Penal Pública, buscando que los ministros del máximo tribunal de la zona ratificaran la decisión previa del juez de Garantía de Cañete, John Landeros, quien dejó fuera a estos 36 testigos secretos de las pruebas que la fiscalía podrá presentar en el juicio por asociación ilícita terrorista contra 19 acusados -la mayoría de ellos mapuche- de organizar y ejecutar el atentado que en octubre de 2008 sufrió el fiscal Mario Elgueta y su comitiva policial, en el sector Puerto Choque, en Tirúa.

Esa decisión, tomada semanas atrás durante la audiencia de preparación de juicio oral, fue recurrida por el fiscal Andrés Cruz, del Ministerio Público, quien argumentó que con la declaración de estos testigos sin rostro no se afecta el derecho a defensa de los imputados, dado que existe la posibilidad de contrainterrogar a estas personas durante el juicio.

Por eso, en medio de la expectativa de los medios de comunicación locales y nacionales, defensores, querellantes y fiscales debatieron ardua y largamente sobre la pertinencia de este tipo de testigos.

FALTA AL DEBIDO PROCESO Para la Defensoría Penal Pública no existen dobles lecturas posibles, como lo ratificó nuevamente el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Biobío, Pelayo Vial, quien señaló en su alegato que “no existe norma alguna en el país que permita el testimonio de personas cuya identidad no se conoce en un juicio oral. Insistir en su presencia es una falta grave al debido proceso, que deja a los acusados en la indefensión, porque no hay forma de ejercer derechos fundamentales, como el poder contrastar la credibilidad de ese testigo”.

Al igual que sus pares privados, los defensores penales públicos han resaltado el desorden que existe en la carpeta de investigación de la fiscalía, lo que ha imposibilitado poder conocer el testimonio de los 36 testigos hasta ahora excluidos. Este hecho fue reconocido en parte por el Ministerio Público, al señalar que al agruparse una serie de investigaciones en una sola, se produjo este inconveniente.

Tras el debate de rigor, los ministros Freddy Vásquez y Eliseo Araya -más la abogado integrante Gabriela Lanata- dejaron la resolución en acuerdo, fallo que se conocerá el próximo viernes 10 de septiembre a las 11 de la mañana.

DESCOMPENSADOS Mientras este caso específico se debate en tribunales, hay 34 comuneros mapuches en huelga de hambre en las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Chol Chol, Temuco y Valdivia, incluyendo a dos menores de edad.

Todos reclaman por la aplicación en las respectivas causas por las que están procesados de la ley que sanciona conductas terroristas y también por el doble procesamiento de ellos en la justicia civil y militar por los mismos hechos. Una parte de estos imputados son representados por la Defensoría Penal Pública y ya cumplieron el día 57 de su ayuno.

De hecho, 9 de estos 34 comuneros en huelga debieron comparecer ayer en otra audiencia de preparación de juicio oral, esta vez respecto de los ataques contra los fundos San Leandro y Brasil, ocurridos en 2009 en Lautaro. Tres de los comuneros presentes –Elvis Millán, Luis Tralcal y Fernando Cayupán- se vieron afectados por descompensaciones físicas y debieron abandonar la audiencia y ser atendidos en el tribunal, para luego continuar con el trámite de la audiencia.

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