Sala de Prensa

13/09/2010

¡Por la razón o...!

La siguiente columna de opinión, escrita por el asesor jurídico de la Defensoría Regional de Antofagasta, fue publicada por el diario El Mercurio de esa ciudad.

Producto de la huelga de hambre de los presos mapuches estamos inmersos en un escenario que requiere definiciones rápidas sobre modificaciones necesarias al Código de Justicia Militar y a la Ley Antiterrorista.   Sin embargo, no se trata sólo -como se cree erróneamente- de la necesidad de responder a la contingencia político-judicial que ha suscitado esa huelga.

Los cuestionamientos a la justicia militar tienen larga data. A las críticas internas se sumó la condena internacional. El 22 de noviembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó sentencia en el caso “Palamara Iribarne”, afirmando que Chile debía respetar el carácter restrictivo de la justicia militar, que esta carecía de independencia e imparcialidad y que se vulneraba el debido proceso. 

La CIDH obligó hace casi cinco años a Chile a adecuar la normativa del Código de Justicia Militar a los estándares internacionales mencionados. Nada se ha avanzado en este sentido.

Por otra parte, distintos organismos internacionales (Comité de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, por mencionar algunos) y los dos Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas han condenado desde hace mucho tiempo la criminalización del conflicto mapuche, objetando la aplicación de la Ley Antiterrorista a hechos ocurridos en el contexto de demandas sociales relacionadas con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales. Tampoco se ha hecho algo a este respecto.

Chile, que se jacta de cumplir sus compromisos internacionales, ha sido reticente a las observaciones formuladas desde distintas instancias. Se ha prolongado más allá de lo aconsejable una situación que no sólo empaña la imagen externa de nuestro país y pone en tela de juicio su carácter democrático, si no que es en sí misma una afrenta.

Sólo ahora, enfrentados a un contexto mediáticamente desfavorable, urge reformar las leyes cuestionadas. Resulta una sana ironía. El Estado no recibe sino que un poco de su propia medicina: ¡Por la razón o la fuerza!   Ignacio Barrientos Pardo, asesor jurídico Defensoría Regional de Antofagasta.

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