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13/10/2010
Comité de Adjudicación Regional de Atacama evalúa ofertas técnicas en licitación de defensa
Según el nuevo modelo de licitaciones 2010, las ofertas presentadas se evaluarán no sólo por su precio, sino por su calidad técnica, concediéndose puntaje a la experiencia, a la nota obtenida en el examen habilitante y a la capacitación de los abogados.
Los miembros del Comité de Adjudicación Regional (CAR) de Atacama se reunieron recientemente en la sede de esa Defensoría Regional, para determinar si las ofertas presentadas cumplen con los requisitos de las bases de la licitación y luego continuar con el análisis de las propuestas para elegir finalmente a los mejores postulantes.
El organismo está compuesto por el magistrado del Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó, Pablo Krumm (representante de los jueces con competencia penal); el director regional del Registro Civil, Rubén Pizarro (representante del Ministerio de Justicia); Yanina Vecchiola, representante del área de economía de las universidades de la zona; el asesor jurídico de la Defensoría Regional de Atacama, Raúl Palma (representante de la Defensora Nacional) y el propio Defensor Regional de Atacama.
El Defensor Regional, Francisco Nehme, destacó que “esta reunión corresponde a la primera etapa, de evaluación de ofertas técnicas, que se extiende hasta el 15 de octubre, para luego pasar a la evaluación de ofertas económicas, que finaliza el lunes 25 de este mes”.
En esta oportunidad se recibieron siete propuestas a través del portal www.mercadopublico.cl, con el siguiente detalle para cada una de las zonas en que se divide la región para estos efectos: una propuesta para la zona 1 de Chañaral y Diego de Almagro, tres propuestas para la zona 2 de Copiapó y Tierra Amarilla, dos propuestas para la zona 2A de Caldera y una propuesta para la zona 3 de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen.
Nehme recordó que este nuevo sistema de licitaciones recoge la necesidad de introducir modificaciones orientadas a una mejora continua de la calidad de la defensa. “Es una nueva fase en la prestación de la defensa penal pública en Chile, que da cuenta de la madurez del sistema y donde los elementos fundamentales son transparencia, celeridad, calidad, control y seguimiento de la gestión”, aseguró.
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