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Interceptación telefónica

02/11/2010

Interceptación telefónica

La siguiente carta al director, escrita por el Defensor Regional Metropolitano Norte, fue publicada el pasado sábado 30 por el diario El Mercurio.

Señor Director:

Con justificada razón el consejo general del Colegio de Abogados denunció como ilegal e inconstitucional la interceptación telefónica que la Policía de Investigaciones hizo de una conversación telefónica sostenida entre un abogado y su defendido, para luego ser presentada como prueba en la causa por irregularidades detectadas en el Registro Civil.

Resulta particularmente grave que los recursos que le ha provisto el Estado para la recopilación legal de material probatorio, la policía los utilice en actuaciones que atentan contra el derecho a defensa legal de toda persona y violentan la inviolabilidad de las comunicaciones entre abogado-cliente. Como bien advierte el consejo de la orden, esta revelación siembra la legítima duda acerca de si estas interceptaciones son una práctica habitual de los detectives.

Para la Defensoría Penal Pública, que defiende a casi el 99 por ciento de los imputados del país, esto constituye un gravísimo antecedente, que debe ser aclarado por la Policía de Investigaciones.

Y una segunda duda: ¿quién nos dice que no sólo se está grabando a imputados, sino a cualquier abogado, periodista, político, empresario o persona cualquiera para despejar las dudas de un policía propenso a sospechar de todo el mundo?

Por todo lo anterior, la actuación de la Fiscalía en la causa del Registro Civil, que pretendió hacer valer como prueba estas grabaciones ante el Séptimo Tribunal de Garantía, resulta también reprochable. Si bien toda la operación quedó en nada, ya que el tribunal rechazó admitir esa prueba, serán muy importantes los resultados que arroje la investigación que el Colegio de Abogados solicitó al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y al Ministerio del Interior por violación del secreto profesional.

Este episodio corrobora lo planteado por la Defensoría meses atrás, en cuanto a que jamás deben levantarse los controles a las instituciones que tienen la capacidad técnica de intervenir las comunicaciones privadas. La advertencia la hicimos después de que la Fiscalía Nacional anunció que adquiriría sus propios equipos de interceptaciones telefónicas, con lo cual más de algún funcionario podría verse tentado a saltarse el requisito legal de que éstas sólo pueden hacerse previa autorización judicial.

Por Leonardo Moreno Holman, Defensor Regional Metropolitano Norte.

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