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Internos de las cárceles de Aysén conocieron sus derechos y obligaciones

05/01/2011

Internos de las cárceles de Aysén conocieron sus derechos y obligaciones

Estas actividades forman parte del trabajo penitenciario que desarrolla la Defensoría Regional y fue replicado en las unidades penales de Coyhaique, Aysén, Cochrane y Chile Chico.

En actividades que permitieron conversar con internos de las cárceles de Puerto Aysén, Coyhaique, Cochrane y Chile Chico, además de conocer sus inquietudes y necesidades, el Defensor Regional de Aysén, Juan Carlos Rebolledo Pereira, expuso la misión, los objetivos y las particularidades de la Defensoría Penal Pública, así como los derechos y obligaciones que asisten a las personas privadas de libertad.

Estos espacios, denominados “diálogos participativos”, se llevaron a cabo recientemente en las unidades penitenciarias mencionadas. Así, imputados en prisión preventiva y condenados recientes se reunieron con el Defensor Regional y tuvieron un espacio para plantear sus inquietudes.

Estos diálogos comenzaron a desarrollarse en 2009, a través de una actividad llevada a cabo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique, que buscó difundir aspectos relevantes de la Defensoría Penal Pública y de los derechos de las personas privadas de libertad, pero en un contexto de diálogo con los internos. Durante 2010 volvió a replicarse, agregando a las unidades penales de Puerto Aysén, Cochrane y Chile Chico.

Entre los temas que mayor interés despertaron en los internos destacan sus derechos como personas y, específicamente, al interior del recinto penal. También aspectos del reglamento interno y la obediencia racional de órdenes, la necesidad de una defensa penitenciaria que hasta hoy no forma parte de las obligaciones de la Defensoría Penal Pública ni de otra institución y los requisitos para optar a la libertad condicional que, en opinión de Rebolledo, imponen exigencias que muchas veces no son coherentes con la realidad que se vive en el encierro.

“Después de los recientes y lamentables hechos ocurridos en el penal de San Miguel, esta iniciativa ha cobrado mayor importancia, por cuanto nos permite conversar con los internos, verificar su estado emocional, físico y mental y demostrarles que hay personas e instituciones preocupadas de su bienestar, ya que la mayor sanción por cometer un delito es la privación de libertad, pero en ningún caso la pérdida de la dignidad”, explicó.

VIDA TRAS LAS REJAS El Defensor Regional comentó que en estos últimos días la sociedad y las instituciones se han impactado como nunca antes con la triste realidad que viven miles de chilenos y chilenas privados de libertad en nuestras cárceles. Sin embargo, esta situación se ha arrastrado por muchos años en los que la población del país ha aumentado, se han generado leyes cada vez más estrictas que privilegian las penas de cárcel, las brechas sociales no han disminuido como se desearía y, lamentablemente, los recintos carcelarios no se han renovado con la misma rapidez.

“Como Defensoría veníamos alertando de esta situación hace mucho tiempo: no nos hemos cansado de repetir que la cárcel no es ni puede ser la única solución o alternativa para sancionar delitos, y que es necesario invertir en rehabilitación y reinserción si deseamos una sociedad más sana. Hoy tenemos la oportunidad de hacer cambios radicales a favor de la gente privada de libertad y de nuestra sociedad, no podemos desaprovecharla”, concluyó Juan Carlos Rebolledo.

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