10/02/2011
Seguridad pública
La siguiente columna de opinión, escrita por el abogado Roberto Vega Taucare -defensor local de Antofagasta- fue publicada ayer por el diario El Mercurio de esa ciudad.
Uno de los ejes centrales del programa del actual gobierno es la seguridad ciudadana, estructurada sobre el slogan del combate a la delincuencia, lo que trae aparejado un contenido discursivo de negación del sujeto a combatir que, llevado al cotidiano informativo, apunta a la minimización de las garantías y libertades públicas y civiles. Ello contrasta con lo señalado en el Plan de Seguridad Pública 2010-2014 “Chile Seguro”, incluido en la página web del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad.
Manifiesto tal contraste, pues el CIPC articula su accionar principalmente sobre la base de las directrices dadas por las Naciones Unidas para la prevención del delito. Esto es, una perspectiva de la prevención que no se agota en la reducción de la criminalidad y abre espacios hacia mejorar la calidad de vida cotidiana y la convivencia.}
A ello se abriría inicialmente el aludido “Chile Seguro”, pues ya en su presentación se señala que mejorar la pobreza y la indigencia son un imperativo ético, y que mejorar la calidad de la educación y la salud es un desafío impostergable.
Sin embargo, a renglón seguido, señala que la principal causa de preocupación de los chilenos ha sido la seguridad pública, cuya discursividad cotidiana no ha variado sustancialmente. Es por ello que el análisis de los cinco ejes de actuación -prevenir, proteger, sancionar, apoyar y rehabilitar- debe ser cautelosamente analizado, pues a la fecha, en el ámbito del discurso, la existencia del sujeto perseguido-combatido se desdibuja y se invisibiliza.
Es de esperar, entonces, que los ejes de prevención y rehabilitación sean efectivamente implementados, tanto desde la perspectiva económica como del contenido metodológico de los mismos, y cuyo eje central sea la consideración de que el perseguido-combatido no pierde su calidad de persona y sujeto de derecho ante su vinculación a los hechos delictuales, ya sea en el momento de la realización de un delito, durante la investigación o una vez que ha cumplido la sanción impuesta por un tribunal de la República.
Roberto Vega Taucare, Defensor local de Antofagasta.
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