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Defensor Regional de Atacama: "Es inaceptable una condena sin juicio y un juicio sin defensa"

17/03/2011

Defensor Regional de Atacama: "Es inaceptable una condena sin juicio y un juicio sin defensa"

Creada el 10 de marzo de 2001, la DPP se constituyó como una institución pública comprometida con la democracia, la igualdad y la construcción de una sociedad más justa, libre y solidaria. Como un agente de transformación social e instrumento de realización del principio constitucional de igualdad ante la ley.

“El derecho internacional reconoce que toda persona tiene derecho a la defensa por parte de un abogado capacitado. Sin embargo, en el antiguo sistema tales derechos no eran observados, en tanto la defensa de los imputados con pocos recursos era llevada a cabo por estudiantes de derecho y no abogados propiamente tales”, aseguró el Defensor Regional de Atacama, Francisco Nehme Carpanetti, al encabezar la ceremonia que recordó los 10 años de existencia de la DPP.

La institución -creada en el contexto de la reforma procesal penal, que surgió por la necesidad de aplicar un cambio sustancial en el sistema- tiene a su cargo la defensa penal de toda persona que lo requiera, y su eje central es el profesionalismo de sus abogados y, por consiguiente, la calidad de la defensa que entrega. Creada oficialmente el 10 de marzo de 2001 la Defensoría Penal Pública es el organismo del Estado que proporciona defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas Cortes, en su caso, y que carezcan de abogado.

La institución realiza sus acciones bajo el lema “sin defensa, no hay justicia”. Cotidianamente, entonces, sus abogados se esfuerzan para que se apliquen en todas las instancias los principios del proceso penal: que todo imputado sea tratado como inocente, que esté garantizado el juicio previo, que el imputado cuente con igualdad de armas para sostener su punto de vista frente a las imputaciones que se le formulan y que, cuando corresponda, se le aplique una sanción justa.

Diez años después de su creación, Nehme sostuvo que “a través de la instauración de este nuevo procedimiento, conceptos y lenguajes se pueden generar cambios sociales, modificaciones en los valores y significados que las personas entregan a la justicia. El antiguo sistema tenía un enfoque ligado a las ideas de persecución y represión, el actual es más cercano a las ideas de presunción de inocencia y resguardo de los derechos de los individuos”.

Así, la creación de la DPP y la labor de sus defensores vino a palear la desigualdad que se producía especialmente en algunos sectores de la ciudadanía, que se veían privados de un acceso efectivo a la justicia por no tener conocimiento de cuáles son sus derechos y los medios que tiene para hacerlos efectivos.

“Hoy el Estado garantiza que toda persona perseguida penalmente tendrá un defensor calificado, que será gratuito en caso de que la persona no tenga recursos. Es inaceptable una condena sin juicio y un juicio sin defensa. Es indispensable que toda persona que vaya a ser sometida a un proceso penal tenga acceso a una defensa de calidad, que vele por el respeto de sus derechos y garantías en un proceso penal racional y justo, principios que desde el inicio de este sistema hemos procurado resguardar en cada uno de los procesos que se han seguido ante los tribunales de Atacama” enfatizó.

¿Qué es la Defensoría Penal Pública? La entidad encargada de proveer un abogado defensor a todas las personas que así lo requieran. La labor de sus integrantes es dar defensa legal al imputado, informarle de sus derechos y de los procedimientos legales en que se verá involucrado y solicitar al tribunal medidas de protección en su favor. Si se cuenta con los recursos suficientes, el servicio debe ser pagado. Si la persona no tiene los medios económicos, el abogado trabajará en forma gratuita para el imputado. Si le imputan un delito, le preguntarán si tiene un abogado particular que se encargue de su defensa. Si no tiene, le asignarán un profesional de la Defensoría Penal Pública.

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