Sala de Prensa

15/04/2011

Corte Suprema ya revisa recurso de nulidad de la DPP por juicio a comuneros mapuche

El pasado lunes 11 de abril, el máximo tribunal del país dio por recibido el recurso elaborado por la Defensoría Regional del Biobío, que busca dejar sin efecto la condena contra cuatro comuneros tras juicio realizado en Cañete.

Diez días después de haber sido presentado en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete ingresó formalmente a la Corte Suprema -en Santiago- el recurso que busca anular el juicio que condenó a 20 años y 2 días de prisión a José Santiago Huenuche Reimán, comunero mapuche que tras finalizar ese juicio, el pasado 22 marzo, renunció a su defensa particular para solicitar que la Defensoría Regional del Biobío lo representara y lo asesorara en el objetivo de lograr la realización de un nuevo juicio.

UN POCO DE HISTORIA Tras 61 días de audiencias efectivas, realizadas entre el 8 de noviembre de 2010 y el 22 de febrero pasado -día en que el tribunal leyó su veredicto-, las siete personas representadas por la DPP fueron absueltas.

Otras cuatro que contaban con abogados particulares fueron condenadas a penas de entre 25 y 20 años de presidio por el homicidio frustrado del fiscal del Ministerio Público Mario Elgueta y por las lesiones graves contra los tres detectives de la PDI que lo acompañaban la madrugada del 16 de octubre de 2008. Y ello, además del robo con violencia ocurrido horas antes en la propiedad de Santos Jorquera.

HUELGA DE HAMBRE Tras la decisión del tribunal de Cañete, Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquimán, José Huenuche Raimán y Jonathan Huillical Méndez iniciaron una huelga de hambre que comenzó el 15 de marzo pasado y que aún se mantiene activa.

De hecho, en su última vista a la Región del Biobío la Defensora Nacional, Paula Vial, y el Defensor Regional, Georgy Schubert, concurrieron hasta el penal de Angol, donde pudieron imponerse directamente de la situación de los comuneros y conocer la realidad de su encierro, luego del traslado de los cuatro desde la cárcel de Lebu.

Tras el ingreso del escrito a la Corte Suprema, se espera que en un plazo aproximado de tres semanas los magistrados resuelvan sobre su admisibilidad y tras ello, en el caso de que el tema siga radicado en el máximo tribunal, se deberían programar los alegatos de las respectivas partes en un caso que, como se ve, está aún lejos de encontrar su final.

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